La interpelación de los legisladores al Secretario de Transporte Pablo Jukic no cubrió las expectativas prácticamente de ninguno de los bloques. Roberto Mirabella, del Partido Justicialista, resume la disconformidad suscitada a partir de las preguntas formuladas en una frase: “nos quedaron más dudas que certeza y varios sabores amargos”.
En la Provincia hay 55 empresas que prestan servicios de transporte público. Solamente dos de ellas tienen licitación pública. Las restantes, tienen un permiso precario concedido por intermedio de decretos. Por otra parte, apunta Mirabella, hay solamente 29 inspectores en toda la Provincia. En el caso de Venado Tuerto, cuando se jubiló el que está, no lo reemplazaron. Desde hace cinco años no hay personal en la dirección de carga y fiscalización. Mirabella afirma que los anuncios realizados son una muestra de que durante diez años no se hizo nada.
En relación a las presentaciones que distintos legisladores de todos los partidos realizaron, el diputado comenta: “Enrico presentó un proyecto para declarar la emergencia del transporte interurbano en la Provincia. En febrero se le rompió un eje al coche, en junio se prendió fuego un moto en Zavalla, en agosto perdió una rueda, en enero se incendió uno colectivo en Casilda. Hubo hechos que alertaban que la empresa era deficiente. Los obreros acamparon por el mal estado de las unidades. La pregunta es, ¿por qué no le revocaron la concesión antes, porque tenían los elementos para hacerla?”.
Mirabella además agregó que Jukic atribuyó las responsabilidades al exsubsecretario de transporte, Gustavo Peirano, que fue corrido de su puesto después de la tragedia de Monticas. “Dio una respuesta lamentable –explica Mirabella. Dijo que lo sacaron del cargo para descomprimir la situación”.
Entre los datos que aporta, suma que a Monticas le quitaron los servicios de las rutas 33 y 9, pero que continúa prestándolos en la 90 y 18. “Realmente es una situación en la que estamos llegando al límite. Nosotros presentamos un proyecto para conformar una comisión bicameral para investigar esta situación”, dice y agrega: “labraron durante el 2016 casi 5 mil inspecciones y le realizaron 174 actas de infracciones. Es decir que conocían la situación. La otra pregunta que tuvo respuesta pero no se entiende, es por qué no se inició un sumario administrativo. La respuesta fue que van a esperar qué dice la justicia. La causa la tiene el fiscal Walter Jurado. En el medio de esta catástrofe se fue de vacaciones. Todo es difícil de entender”.
