En el marco de los repudios generalizados, que van desde organismos de derechos humanos hasta dirigentes políticos cercanos al propio oficialismo, a la decisión de la Corte Suprema de conceder el beneficio del 2×1 a un caso de delito de lesa humanidad, el concejal rosarino y fundador de la agrupación HIJOS, Eduardo Toniolli, conversó con PUEBLO Regional para expresar su rechazo de resolución que aplica una ley que rigió entre 1994 hasta 2001 a un crimen cometido antes de su vigencia y que desconoce la continuidad del delito desaparición. Esta semana habrá movilizaciones y concentraciones en todo el país en rechazo de la medida.
“En la Argentina se han justificado aberraciones jurídicas con elementos que pueden parecen técnicamente sólidos. Pero hay algo que caracteriza a estos delitos que es su carácter de lesa humanidad y su imprescriptibilidad. Además son delitos que se siguen cometiendo en este momento. Y los represores que han sido juzgados por esos delitos, no han arrojado ninguna data, ninguna pista, que permita hallar el cuerpo de los compañeros desaparecidos”, comenta Toniolli.
Los cambios en las políticas de derechos humanos se explicitaron desde el principio del nuevo gobierno con la desarticulación de programas específicos en las distintas carteras del Ejecutivo y organismos de control, el acercamiento de asociaciones de abogados representantes de represores, declaraciones de funcionarios negando el terrorismo de Estado, provocaciones y afirmaciones orientadas a generar otro clima de época.
“Cuando hablamos de clima de época no decimos que la sociedad está reclamando esto. Al contrario, la sociedad argentina ha demostrado con sus expresiones mayoritarias y grandes movilizaciones la necesidad de avanzar en un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Lo que nosotros decimos es que hay funcionarios del poder Ejecutivo, pero también formadores de opinión, empezando por la cabeza del Estado, que instalan discursos que generan las condiciones para estas decisiones. Ejemplo: si el presidente habla de guerra sucia y no de terrorismo de Estado”, explica el concejal rosarino.
El papel de los jueces y fiscales es fundamental. Los sectores más encumbrados del poder judicial tuvieron un rol protagónico en enlentecimiento de algunas causas paradigmáticas. La complicidad judicial es uno de los nichos menos investigados de lo ocurrido durante los años del Proceso. Si el poder económico resultó mayormente inmune de los juicios por Memoria, Verdad y Justicia, el poder judicial, una pieza clave en el funcionamiento de la maquinaria del terror dictatorial, no tuvo demasiadas inquietudes y conservó un poder inmenso durante la democracia.
“Cuando había un Estado comprometido con la resolución de estos casos, había jueces que se demoraban, se tomaban su tiempo, obstaculizaban causas que tenían sobrados elementos. Esos jueces remisos en otros momentos, en otro proceso político, en un escenario como este cuando escucha al presidente decir lo que dice”, sintetiza Toniolli.
