(Lucas Paulinovich / Fotografía: Julián Miconi / Agencia Sin Cerco) Mientras centenares de miles de personas se movilizaban en todo el país para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilita la aplicación del 2×1 en casos de delitos de lesa humanidad, el gobierno hacía uso de la distracción y avanzaba en otro de sus flancos para cooptar la Justicia, siguiendo la premisa de “abrir varios frentes a la vez” teorizada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich. La impresionante concentración callejera que puso freno a la infamia de los supremos generó un vacío de atención que el gobierno usufructuó para meter otra de sus reformas para una justicia de minorías: Carlos Mahiques fue incorporado mediante un decreto presidencial como miembro de la Cámara Federal de Casación Penal.
Unos días antes, la propia Cámara había rechazado la designación arbitraria. El método fue el mismo con el que Macri intentó designar a los jueces Rosenkratz y Rosatti, dos de los supremos que avalaron la aberración del 2 x 1. Solo que en este caso no tuvo que dar marcha atrás: Mahiques juró aún con la ausencia de sus nuevos colegas que lo habían impugnado.
El flamante integrante del máximo órgano en asuntos penales fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y tendrá en sus manos causas como la del pago de sobornos de Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento. La llegada de Mahiques estuvo plagada de irregularidades: no se realizó concurso de oposición y antecedentes, aunque exista uno abierto desde hace cuatro años, y del que Mahiques no participa; no se elevó una terna al Poder Ejecutivo; tampoco se publicaron las adhesiones e impugnaciones; y el Senado no dio acuerdo según corresponde a la designación de magistrados. Desoyendo los cuestionamientos y procesos judiciales abiertos, el gobierno utilizó la mayoría del Consejo de la Magistratura para autorizar el traslado del juez, que pasa de la Justicia porteña a abordar conflictos en todo el país. Tras el pronunciamiento del Consejo, la Cámara Federal de Casación Penal insistió en su rechazó y anunció que no le tomaría juramento.
La tortura jujeña
Por esas mismas horas, el secretario general de ATE Capital, salió a denunciar públicamente que Milagro Sala y otras militantes de la Tupac Amaru detenidas ilegalmente en Jujuy sufrieron torturas por parte de las autoridades. Luego de expresar la preocupación de la dirigente por la situación de los derechos humanos y el estado de las Abuelas de Plaza de Mayo ante la inmensa convocatoria del miércoles, el referente gremial detalló las condiciones de hostigamiento y los tormentos padecidos por Milagro Sala.
Hasta el momento, la dirigente social había optado por no dar a conocer su situación como una medida de seguridad hacia dentro del penal. El régimen de Morales alcanza niveles de arbitrariedad y autoritarismo insospechados desde la recuperación de la democracia. Sala comentó que, junto a otras detenidas, fueron aisladas y sometidas a golpizas, al punto que una compañera resultó con quebraduras. Según relata, las golpizas nocturnas tuvieron tanta saña y violencia que las otras internas gritaban para que dejen de golpearlas.
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que asesora a Naciones Unidas mantuvo reuniones con Milagro Sala y con el gobernador Morales para conocer los detalles de la detención y las condiciones a las que se la somete. Los expertos confirmaron su pedido de inmediata liberación. Morales, con su impudor institucional, continúa al margen de la ley.
Al igual que tras el asesinato de Micaela, el gobierno intentó capitalizar la conmoción social en salidas punitivas que le permitieran avanzar con su transformación del concepto de justicia en el de liso y llano castigo. Sin molestarse demasiado, las demandas populares contra los femicidios y los crímenes de lesa humanidad, pasaron a ser material sustancioso para argumentar la necesidad de medidas más duras en la persecución del delito. El 2 x 1 fue rechazado no por su aplicación como garantía de impunidad para los genocidas, sino por su naturaleza “blanda” que asigna beneficios a los delincuentes. Toda respuesta social en el orden de la seguridad, el gobierno la traduce en mano dura y mayores ventajas para su criminal guerra contra el narcotráfico y el delito.
Reformas para la impunidad
Ante la imposibilidad de ignorar la masiva impugnación a la decisión de los jueces supremos, los funcionarios del gobierno rápidamente salieron a despegarse de la medida. Incluso el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj -de vínculos estrechos con las organizaciones que representan a los represores y sus familiares- tuvo que rectificar el reconocimiento del fallo que había realizado apenas se dio a conocer. Con impostada conmoción, funcionarios de diverso rango expresaron su rechazo de la determinación de la Corte y se sumaron al llamado por la conservación de los principios de Verdad, Memoria y Justicia. Una mueca no le hace mal a nadie y, pasadas las actuaciones soporíferas, bien pueden continuar con la implementación de las políticas regresivas que vienen llevando a cabo como una lenta destrucción del proceso que singularizó a la Argentina como referente en el enjuiciamiento de los crímenes de Estado a nivel internacional.
Lejos del precario arte dramático de sus colegas de gabinete, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprovechó la atención sobre el tema del 2 x 1 y avanzó en la desarticulación del área de derechos humanos de su cartera. En la nueva estructura orgánica del Ministerio, se desintegra la Dirección de Derechos Humanos, lo que deja sin existencia al Grupo Especializado de Asistencia Judicial –GEAJ-, creado a instancias de las Abuelas para colaborar en la extracción de muestras de ADN por vía judicial para la identificación de nietos y nietas apropiados.
A fines de 2014, fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín el oficial de policía, Adolfo Porcel, por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Rei, las muestras del allanamiento que se realizó para la restitución del nieto Alejandro Fontana. Ese caso impulsó la creación del GEAJ como una instancia clave en la investigación de las implicaciones civiles en el robo de bebés. El área era una pieza fundamental en el relevamiento documental y la producción de informes para asistir las investigaciones judiciales. El GEAJ surgió del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en el 2009.
Las casualidades, al menos para el gobierno, no existen: las advertencias e intimaciones del organismo supranacional por la situación alarmante que se vive en la Argentina en materia de derechos humanos fueron sistemática e inelegantemente desoídas por el gobierno. El afán democrático que por estas horas se despertó en los funcionarios de Cambiemos no pasó a mayores. Fue solo un buen gesto para seguir construyendo su impunidad.
