El allanamiento de una vivienda en pleno centro de la ciudad deparó el secuestro de más de 30 armas de fuego y una impresionante cantidad de municiones. Del operativo, además, resultó detenido una persona. La denuncia había sido formulada por el concejal radical Leonel Chiarella y fue llevada a cabo por personal de la PDI y el fiscal Iván Raposo.
El representante del Ministerio Público de la Acusación señaló que la Unidad Fiscal recibió la denuncia del concejal respecto a quejas de los vecinos de que en el domicilio allanado había acopio de armas que se alquilaban. De esa manera, se procedió al allanamiento de la vivienda, cuando solo había una mujer mayor de edad. Las armas secuestradas eran de uso civil y de guerra.
La pregunta que surge inevitablemente es de dónde surge la información que llega al legislador y cómo es posible que un actor político tenga más y mejores datos que los propios integrantes de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Los límites de las atribuciones quedan difusos y el desempeño de la policía se pone en jaque a partir del accionar de un funcionario de la propia fuerza gobernante.
