(La Capital). No tuvo respuesta. La multisectorial local, que incluye agrupaciones políticas, comerciales y organizaciones sociales que luchan contra los tarifazos, no consiguió ayer un resultado positivo, ni siquiera un gesto de apoyo, en la reunión que protagonizaron, por orden del juez Néstor García, junto con autoridades provinciales y representantes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en la sede de gobernación, en el intento por frenar las abultadas subas en los servicios.
«La reunión fue un fracaso porque la provincia decidió sostener el tarifazo», comentó el concejal Eduardo Toniolli (Frente para la Victoria), quien acompañó el reclamo ayer al mediodía, en el marco de una etapa de conciliación dentro del amparo judicial.
Según el edil, la provincia «reconoció el estado de crisis en la actividad económica provocado por los tarifazos», pero de la misma manera advirtió que en la audiencia prejudicial «no aportó ninguna clase de solución, ninguna contrapropuesta al planteo de máxima del amparo, que pretende retrotraer los valores de las tarifas al mes de noviembre del año pasado».
Y agregó con evidente disconformidad: «No hubo planteos intermedios, ni una quita, ni búsquedas de financiamiento a través de otros proyectos. No hubo absolutamente nada desde el plano de las medidas que podía tomar la provincia».
Del encuentro participaron el diputado nacional Juan José Zabalza, como asesor del Ejecutivo; la secretaria de Energía provincial Verónica Geese, y el titular de la EPE, Raúl Stival. De ninguno de esos sectores surgió alguna posición, o alguna propuesta, que consiga vislumbrar una posible solución a este conflicto que afecta todas las actividades.
«La verdad es que nos fuimos con una gran decepción», confió Toniolli, quien además contó que se buscó un segundo planteo, más político, pero tampoco se produjo el eco deseado. «Queríamos que al menos se pusieran a la cabeza del reclamo ante la Nación, que es el responsable último de esta situación, por la quita de los subsidios. Y tampoco aceptaron, dieron a entender que hay compromisos cruzados. Nos quedó la sensación de que no quieren pelear con la Nación», reveló el concejal.
Para Toniolli, el incremento tarifario en los servicios básicos provoca un escenario social con muchas dificultades. «Si esto no se modifica, termina con más cierres de comercios e industrias. La ciudad de Rosario está sufriendo mucho por estos aumentos. Hay más de 1.500 comercios cerrados en el último semestre», se encargó de recalcar el edil.
Sobre el efecto que genera, apuntó que «esto afecta en todo sentido. En la vivienda familiar afecta a cada usuario residencial. Sin dudas, esto afecta brutalmente en la economía de cada casa». Y subrayó: «El problema es doble, porque esto significa no sólo cierre de negocios, sino pérdidas de fuentes de trabajo. Los tarifazos marcan un cambio de paradigma a nivel nacional que impacta fuertemente en las provincias. Y de esta manera, el acceso a los servicios indispensables, deja de ser un bien social para convertirse en un bien más del mercado».
