No más servicios fúnebres para casos sociales. La decisión fue tomada por las firmas del rubro que tienen convenio con la Municipalidad por falta de pago, control y fiscalización.
Las empresas rosarinas que prestan servicios fúnebres gratuitos dejarán de realizarlo a partir de hoy. Quienes los solicitan son personas de escasos recursos, aunque afirman que el número aumentó considerablemente porque, ante la falta de control y fiscalización, se le otorga la prestación a cualquiera que lo desee.
El presidente de la Asociación de Empresas de Servicio Fúnebre de la Provincia de Santa Fe, Adrián Caramuto, dijo que la entidad presentó una carta para que se reconsideren los montos que se reciben por los servicios que se prestan a quienes lo requieran en la Municipalidad: «Las empresas de Rosario nos pidieron que hagamos esta cruzada por medio de la asociación. Están totalmente disconformes porque pagan poco».
A esa cuestión, hay que agregarle otra para nada agradable. «El servicio es exclusivamente para indigentes o personas en extrema pobreza, para gente que no puede pagarlo. Y se lo dan a cualquier persona que se lo pide. Hay gente que va a pedir los servicios y llega con un auto cero kilómetro. Queremos definir un nuevo valor del servicio o decidir, en todo caso, a quién se lo damos y a quién no», sostuvo Caramuto.
«Nos damos cuenta por la gran cantidad de trabajos que se solicitan; no tienen relación con la población en la ciudad. Son muchos», agregó.
Por su parte, el secretario de la misma asociación, Luis Pinilla, declaró que la carta fue presentada ante la Intendencia y la Secretaría de Servicios Públicos con respecto a la prestación de estos servicios fúnebres que ofrece la misma Municipalidad. En ella, se aclaró que, «a partir del viernes (por hoy)», se dejarán de dar estas prestaciones.
«Estos servicios que brinda la Municipalidad, mediante empresas rosarinas, manejan montos determinados en los que no nos ponemos de acuerdo porque son bajos y además hay pagos atrasados», aseguró Pinilla, quien consideró que una actualización de los valores a los precios de hoy sería lo correcto.
El secretario, además, informó: «Ya veníamos con un atraso en la actualización. Al día de hoy, nos están pagando el 10 por ciento de lo que paga una obra social; o para hacerlo más fácil, habría que reajustar por un valor del 300 por ciento. Para colmo, nos están debiendo servicios desde enero».
Por otra parte, Pinilla se alineó con Caramuto y confirmó que la prestación de este servicio «no se fiscaliza, tampoco se supervisa, ni se audita como para saber a quién le corresponde y a quién no. Han crecido las solicitudes de estos servicios. Es cuestión de pasar por una comisaría y pedir un certificado de pobreza para completar el trámite».
