La historia de Kiki, el niño cuya adopción era reclamada por la familia solidaria que lo crió por casi dos años, tuvo otro capítulo indeseado para el matrimonio compuesto por Sergio Gigliotti y Cristina Morla. El Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 de Santa Fe dejó firme el fallo de primera instancia que le dio la razón a la Subsecretaría de la Niñez y les impide volver a tener al pequeño.
El dictamen judicial, notificado este martes en los Tribunales provinciales, confirma el fallo de primera instancia emitido los primeros días de febrero, cuando la jueza Susana María Romero estableció que el organismo provincial se ajustó a las normas y que, por tal razón, el caso no se puede judicializar. La familia decidió apelar ese fallo de la jueza Susana María Romero, que frustró el intento de la familia solidaria de volver a tener a «Kiki». Este martes, se conoció la decisión de la Justicia de rechazar el pedido de revocatoria interpuesto.
El jueves 18 de enero el matrimonio Gigliotti-Morla debió restituir a la Subsecretaría de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes al nene de tres años que le habían depositado en guarda hacía casi dos años, en el marco del programa provincial de Familias Solidarias.
El caso conmovió a la ciudad de Santa Fe, donde se generó un gran debate y no faltaron gestos de solidaridad para con la familia, que había pedido la adopción del pequeño después de criarlo tanto tiempo.
Los esposos argumentaban que «el plazo de acogida es de seis meses y en este caso se extendió a dos años. Todo esto no pasaría si las cosas se hicieran correctamente», dijo oportunamente Gigliotti. Morla, por su parte, se preguntaba entonces: «¿Qué pretendían que hiciera? ¿Que a los seis meses y un día les dijera «chicas, yo ya cumplí, devuélvanme el contrato que firmé y me voy. Hagan lo que quieran con el niño»?».
Los Gigliotti, a quienes el niño en guarda comenzó a tratar de «papá» y «mamá» («él nos adoptó», dicen) tomaron la decisión de inscribirse en el Ruaga, el registro único de aspirantes a guardas con fines adoptivos. Pero el Estado lo envió a otra familia que tendría a su cargo a un hermano de ocho meses del niño, en otra ciudad de la provincia.
El matrimonio no cesó en su reclamo, que llevó a las autoridades provinciales, pasó por el Concejo Municipal de Santa Fe, por la Legislatura, hasta que recaló en la Justicia.
Pero la jueza Romero determinó que, a la luz de la legislación nacional y provincial, la Constitución nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, la potestad de decidir es competencia exclusiva del órgano administrativo competente local.
Para la magistrada, «la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, organismo competente, se encontraba legitimado para efectuar el cambio de alojamiento del niño, contando con la previa evaluación de su equipo profesional para la determinación de la decisión tomada, fundamentándose en garantizar el vínculo fraterno con su hermano menor, quien reside en otra localidad y en otras circunstancias que han evidenciado un inadecuado rol de la familia solidaria».
La defensa de la familia planteaba que la desvinculación del niño de sus padres solidarios era «un acto ilegítimo por el cual se afectan derechos y garantías constitucionales del mismo, provocándole un daño actual». El defensor de la familia consideró «indispensable hacer cesar los efectos nocivos del acto, retrotrayendo la situación al estado anterior a su ejecución».
Pero la jueza respondió: «La autoridad administrativa del ámbito regional y la autoridad de aplicación provincial son los únicos funcionarios con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer por resolución administrativa debidamente fundada alguna medida de protección excepcional y definir la modalidad de ésta».
El fallo en primera instancia fue informado el 20 de febrero, e inmediatamente apelado por el defensor general José María Quiroga. Ese día, el matrimonio llevó a la sede santafesina de la Gobernación 124 mil firmas en apoyo a su reclamo. «Son 124 mil argentinos que están viendo lo mismo que nosotros. Le están pidiendo fundamentalmente al gobernador que haga respetar los derechos de Kiki. Nosotros con estas firmas no venimos a pedir una adopción. Lo que pedimos al gobernador y a la Secretaría de la Niñez es que vea la medida que adoptaron este 17 de enero de quitar a Kiki de nuestro hogar. La adopción se va a resolver en la Justicia». Pero el Tribunal de Familia dejó firme el fallo y alejó las esperanzas.
