Orso planteó la necesidad de actualizar el Código Procesal Penal de Menores

El doctor Tomás Orso, integrante
del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Tercera Circunscripción
Judicial, dictó la resolución N°152 referida a la causa Saldaño, en la que
avanza en el planteo de la necesidad de una actualización del régimen procesal
de menores.

El caso salió a la luz cuando el defensor del joven imputado por robo, Ignacio Blanc Codina, interpuso un recurso de apelación contra la resolución dictada por el juez Javier Prado al ordenar que el menor permanezca en el Establecimiento Educativo de Puertas Abiertas de Venado Tuerto como medida cautelar de carácter provisoria hasta que se resolviese definitivamente la cuestión.   

Este hecho disparó una fuerte polémica
en torno al uso de los encierros preventivos y el tratamiento que la justicia
le brinda a los jóvenes. En ese entonces, Blanc Codina sostuvo que era
imperioso un cambio en el régimen procesal penal minoril «ya que este
suele resultar más gravoso que el de adultos” y cuestionaba que la medida
hubiera sido dispuesta sin un tiempo determinado. Por esa razón, solicitaba la
revocación de la decisión y que se le diera la libertad al menor.  

A su turno, el asesor de menores
adhirió a lo expresado por la defensa y destacó que «la cuestión debe
resolverse conforme al interés superior del menor imputado contenido en la
Convención Internacional regulatoria de la materia minoril». En cambio, el
fiscal de Cámara, Palmolelli, afirmó que la defensa pretendía equiparar medidas
tutelares con prisión preventiva explicando que se trataba de cuestiones
diferentes.

Al dar lugar al planteo de la defensa, el doctor Orso sostuvo que «corresponde primeramente destacar el carácter excepcional de las medidas coercitivas personales -tal como resulta la prisión preventiva o medida equiparable- y la necesidad de disponer la misma sólo en aquellos casos en que se investigue un delito cuya eventual pena pueda razonablemente ser de ejecución efectiva y se encuentre además justificada por presumirse que la persona sometida a proceso pueda realmente perturbar las investigaciones o eludir el accionar de la justicia, circunstancias que deben surgir de autos o poder inferirse a partir de elementos objetivos y concretos obrantes en la causa».

En ese sentido, Orso desestimó la
aplicación de la privación de libertad de forma preventiva y propuso que “se
fije un régimen cautelar no privativo de libertad, conforme a lo dispuesto en
los tres primeros incisos del art. 219 del Código Procesal Penal, según ley
12734 y modificatorias, pudiendo el magistrado aplicar todas o algunas de las
previsiones normativas antes señaladas».

Además, coincidió con la valoración
del régimen procesal penal minoril como “vetusto y anacrónico” dado que no fue
actualizado legislativamente a diferencia del proceso penal para los mayores de
18 años. “En las presentes actuaciones el desacople del régimen establecido por
la ley 11.452 -dictada a mediados de la década del 90 e inalterada en la
mayoría de sus aspectos- se aprecia nítidamente al verificarse que la medida
privativa de libertad, la más gravosa prevista en el ordenamiento, fue dictada
por el magistrado oficiosamente y en un marco de escasa información y nula
contradicción», establece la resolución de Orso.

Por último, el magistrado exhortó
a los legisladores y al Poder Ejecutivo provincial a “adecuar constitucional y
convencionalmente el ordenamiento procesal penal aplicable a menores punibles
(16 a 18 años de edad) en el sentido de establecer un proceso con impronta
acusatoria y que a su vez respete el principio de especialidad minoril”.

19.11.2019
3:16 Hs

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