El gobierno provincial puso en funciones al nuevo jefe de la Policía, Luis Bruschi. Con una ceremonia realizada en Recreo, las nuevas autoridades policiales asumieron el mando para encarar el nuevo “plan estratégico provincial” que se corresponde con la emergencia de seguridad y la renovación en la cartera que propone el ministro Maximiliano Pullaro.
Hace pocos días, Pullaro recalcó en una entrevista la importancia de la persecución de las grandes esferas del crimen organizado dentro del plan de combate contra el narcotráfico, y apuntó contra las complicidades policiales en el entramado delictivo. La designación de las nuevas autoridades acompaña ese intento por mostrar una nueva gestión basada en la eficiencia y la intransigencia en materia de seguridad. Los pedidos de endurecimiento en las medidas adoptadas y los cuestionamientos más ásperos a la permeabilidad del poder judicial surgen del núcleo mismo del Frente Progresista.
A través del decreto 202, se implementó la unidad de comando operativo de la fuerza en la figura del jefe policial. La planificación de políticas públicas elaboradas por el ministerio será operativa a través del jefe de la fuerza. De esa manera, el gobierno se propone “una policía más presente en el territorio para asegurar una mayor cercanía con el vecino y trabajar en un perfil de agentes con actitud proactiva y de prevención del delito”.
Luis Bruschi asume sin aval legislativo y cuestionado por los distintos espacios políticos que componen la Cámara. El gobernador, Miguel Lifschitz, envió a la legislatura el pliego con el nombre propuesto y solicitó opinión no vinculante, que la Comisión Bicameral de Acuerdo rechazó. El nuevo comisario general viene a reemplazar a Rafael Grau, que había sido designado en septiembre pasado y antes había estado a cargo de la Región 5, Nodo Venado Tuerto.
Desde la detención de Hugo Tognoli, acusado de encubrimiento del narcotráfico, y en plena convulsión por el aumento en los índices de violencia y las repetidas denuncias a integrantes de la fuerza en participación con las redes del delito, la policía provincial no logra estabilizarse y garantizar eficiencia y credibilidad en su actuación. Para eso Pullaro mueve las piezas y delinea el nuevo mapa político por donde encaminará su gestión.
El viejo cuento de la puerta giratoria
El pedido de mayor vigor en la determinación de penas por parte del poder judicial y las constantes presiones que distintos sectores políticos ejercen sobre jueces y fiscales para que agudicen la persecución de determinados actores sociales y endurezcan sus sentencias, acoplándose al giro autoritario en materia de seguridad adoptado desde el poder político y las demandas mediáticas, tuvieron un respaldo en el informe de la Policía de Investigaciones recogido por Pullaro. Los números arrojados abonan esa lógica que tiene en la reincidencia el argumento principal para pedir más cárceles y más presos.
Sin embargo, la realidad se revela completamente distinta a esa narración de un territorio asechado por criminales intratables y contradice los mitos sobre puertas giratorias y entradas y salidas express. Según el ministro de la Corte provincial, Daniel Erbetta, entre 2006 y 2015 hubo un aumento en la tasa de personas presas del 80%: «es una tasa altísima que de mantenerse en relación al crecimiento demográfico arrojaría en los próximos 50 años niveles de prisionización espantosos e imposibles de atender», comentó.
El fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, considero que el informe policial que señala que en los últimos 28 meses se detuvieron 926 personas reincidentes, tiene imprecisiones que disminuyen su valor estadístico. Los números de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios que cita el ministro de la Corte, tanto como los informes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, manifiestan una constante en las detenciones y un régimen carcelario de esclavitud y degradación que no son tenidos en cuenta en las consideraciones seguritistas.
La idea de bandas de delincuentes que acosan permanentemente a la población pertenece más al registro de la fantasía que al de los hechos concretos de la realidad provincial. Según datos de la Fiscalía y de la Defensoría Pública provinciales, para febrero de 2012 había 2016 presos condenados y 2017 sin condena. En 2015, los presos condenados eran 2763 y 1649 los que no la tenían. Hubo un aumento tanto en la cantidad de condenados, como en la de los presos.
Durante el año pasado, estuvieron ante un juez 1901 imputados detenidos. Se les dictó prisión preventiva a 1548, el 81,57%. El resto fue liberado. De los que recibieron la preventiva, únicamente el 13,7% consiguió la domiciliaria o atenuada. Las posibilidades de esperar un juicio en libertad, gozando de la presunción de inocencia, son bajísimas. La sospecha antecede al proceso, la peligrosidad se mide con criterios por demás de arbitrarios.
Distinta vara, distinta dureza
La semana pasada, los poderes Judicial y Ejecutivo recibieron cuestionamientos a través de un dictamen del Comité
contra las Desapariciones Forzadas de Personas de las Naciones Unidas, que tomó el caso de Roberto Yrusta, fallecido el 7 de febrero del 2013 en la cárcel de Coronda, donde fue trasladado sin orden judicial y sin poder comunicarse con la familia o recibir asistencia de un abogado o del defensor público. Un caso testigo que, con la condena internacional, pone sobre la mesa de discusión las condiciones de encarcelamiento y los mecanismos corrompidos de la estructura policial, jurídica y política.
“La detención sin comunicación inmediata a la Justicia es una herramienta de la caja negra policial que, durante el tiempo en que las fuerzas de seguridad tienen privadas de libertad a una persona, permite que intenten arreglar si la mantienen detenida o no, o si la acusan de delitos que probablemente cometió o no. Si no se toman medidas, se termina consolidando la existencia de más víctimas de episodios de violencia institucional, con la complicidad de la administración de Justicia, que impide a la Defensa Pública tomar intervención en esas causas y tampoco es diligente en la investigación de los hechos”, expuso en la presentación el Defensor Público de la Provincia, Gabriel Ganón.
En los relevamientos realizados por la Defensoría Pública, entre 2014 y 2015, en Rosario, la cantidad de prisiones preventivas aumentó y cayeron las salidas alternativas y libertades durante el proceso. Hay un promedio de 102 detenidos puestos ante un juez por mes. La defensoría pública se ocupa del 75% de ellos. El total de los que se les pide prisión preventiva alcanza los 135 casos. Las prisiones morigeradas también bajaron entre los dos últimos años de un 16% a un 9%, y las libertades otorgadas por jueces del 32% al 20%. La justicia y la policía se hacen más dura, pero no más equitativa.
