La causa se inició en 2011 luego de que actuara la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº6 de San Nicolás, al descubrir trabajo inhumano en un campo denominado San Patricio, de 348 hectáreas ubicado en la provincia de Santa Fe –localidad de Maggiolo-, alquilado por la empresa de semillas. El fallo de los jueces Diana Regina Cañal, Víctor Arturo Pesino y Silvia Susana Santos revirtió la falta de mérito de la primera instancia y decidió condenar a la empresa en base a las declaraciones testimoniales recogidas durante la investigación. La trascendencia de este fallo, que lleva por fecha el 31 de marzo de este año, ha sido casi nula. Y eso se debe a que muchos medios de comunicación hegemónicos porteños suelen ser socios de las empresas agropecuarias en distintos emprendimientos. De ahí el silencio cómplice. Sin embargo, la contundencia de la sentencia de la Cámara no deja lugar a dudas sobre el esquema de explotación montado por Nidera.
La descripción realizada por los trabajadores explotados coincide con otras descripciones realizadas en otros expedientes judiciales en los que se investigaban hechos similares: los trabajadores, dedicados al desflore del maíz, vivían en una casilla de 2 por 6 metros ocupada por 16 personas (hacinamiento), no tenían luz eléctrica, no podían refrigerar sus alimentos, sus necesidades fisiológicas se realizaban a campo abierto y debían extraer el agua, sucia, de un pozo (mediante una bomba). La comida que les sobraba de un día para el otro, se pudría a la intemperie, con una temperatura que podía rondar los 40 grados. Las declaraciones testimoniales recogidas durante el juicio indican también que Nidera no les proveyó de los elementos necesarios para llevar adelante su trabajo, tampoco les proveyeron de comida adecuada, eran obligados a comprar comida a un solo proveedor –que aplicó precios abusivos- y debieron trabajar de lunes a lunes, sin descanso alguno.
La situación descripta por los trabajadores es muy similar a la detectada por la Justicia Federal de Posadas, en la causa que investigó el posible delito de trata laboral contra Ramón Puerta, actual embajador en España y que fuera profundizada en la investigación periodística publicada en el libro “De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri” (Premici, 2016). Es decir, en opinión de quién escribe, suele haber cierta sistematicidad en los casos de explotación laboral rural, con fuerte encubrimiento mediático.
Algunas consideraciones centrales de la Cámara Nacional del Trabajo:
“Nada de lo normado en el régimen agrario se cumplió”, sostuvo la Cámara.
* Esto implicó violaciones al accedo digno a una alimentación sana, suficiente y adecuada.
* No se suministró agua potable para consumo y uso humano.
* No se respetó la jornada laboral de 8 horas, ni los descansos.
* Tampoco se tomaron en cuenta medidas de higiene y seguridad.
A su vez, la Cámara dijo que a pesar de que los trabajadores habían sido registrado con el alta temprana ante la AFIP, e inscriptos en la ART, así y todo se vulneraron todos los derechos de los trabajadores afectados. En opinión de este periodista, que hayan sido declarados ante la AFIP no configuró más que una pantalla frente al objetivo final de Nidera, que fue maximizar su rentabilidad a partir de la explotación laboral. “Nidera SA se encontraba en mejores condiciones de demostrar que cumplió en debida forma con todas las medidas de seguridad e higiene, pero como puede apreciarse a lo largo de la sentencia, no lo hizo. A esta altura del relato, es claro que se privilegió la producción por sobre el bienestar de quienes contribuían a hacerla posible”, sostuvo la Cámara.
Este es un eje central en las investigaciones sobre trabajo esclavo o reducción a la servidumbre en el sector rural: la maximización de beneficios económicos en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. Es un argumento muy similar al utilizado por la Fiscalía Federal de Posadas y la Procuraduría de trata y explotación de personas (Protex) para avanzar en la investigación contra Puerta. A su vez, la Protex elaboró un protocolo para “objetivar y cuantificar” los grados de explotación laboral. Finalmente, la Cámara Federal del Trabajo condenó a Nidera a pagar una indemnización de 110.000 pesos, más intereses del 47 por ciento anual (por cuatro años) a cuatro trabajadores contratados por Nidera SA, que desde el año pasado pertenece en un 100 por ciento a la estatal china Cofco.
Y a modo de conclusión, dos preguntas finales: ¿cuál es el rol de la Uatre en este enclave de explotación? La segunda, ¿no será este uno de los motivos por los cuales Macri quiere modificar/eliminar el fuero laboral? ¿Detrás del discurso sobre la “mafia de los juicios laborales” se esconde la protección a empresas explotadoras?
