Le mintieron a los empleados: lo único que hizo La Anónima para levantar la clausura fue apelar judicialmente

(Pablo Tomás Almena- PR) Hasta hoy miércoles 29 de abril, no hicieron las presentaciones administrativas que se le requirieron, ni modificaron las situaciones irregulares que se habían detectado al momento de su clausura. Solo despidieron al gerente y al encargado de sección. Y amenazaron a los trabajadores con que, si el municipio no levantaba la clausura, se quedarían sin trabajo.

Al cierre de esta nota la empresa mantenía con el municipio reuniones para acercar posiciones, pero lo cierto es que hasta esta instancia nunca habían cumplimentado los requerimientos necesarios que harían posible la re apertura. El planteo público de los trabajadores el día lunes fue realizado a partir de información inexacta suministrada por la empresa, aprovechándose de la necesidad y de la buena fue de los empleados. Se trató de un ardid de la empresa para presionar y no pagar.

Los empleados de rehén
El cierre del supermercado La Anónima a partir del hallazgo de carne en mal estado que estaba siendo escondida, continúa sumando matices de complejidad y adquiriendo mayor volumen. La particularidad de la situación en la que se produce, agrava aún más la situación. Sin embargo, la máxima preocupación recae sobre el impacto que puede acarrear la pérdida de los puestos de trabajo en la ciudad.

La difusión de los casos de personas intoxicadas luego de haber consumido los productos comprados en el establecimiento, no hizo más que amplificar la gravedad de un tema que copó la discusión pública y suma relevancia a partir de la situación en la que quedan atrapados los empelados del comercio.

La estrategia de los directivos de La Anónima consistió en incumplir con sus responsabilidades (las que derivaron de las graves irregularidades registradas) y exponer a los trabajadores para utilizarlos como un medio de presión a fin de evitarse pagar las multas impuestas por el gobierno local.

De esa manera, los empleados de la firma quedaron en medio de una disputa que pone en riesgo su continuidad laboral en el contexto de una crisis inédita en el mundo. El peligro de las pérdidas de puestos de trabajo comenzó a existir en el preciso momento en que la inusitada búsqueda de rentabilidad llevó a los directivos de esa empresa a intentar comercializar carne en mal estado luego de someterla a un procedimiento con lavandina de maquillaje; generando altísimo riesgo en la salud de la población.

La inspección 
La inspección que derivó en la clausura se realizó el 6 de abril por parte del personal de la secretaría de Control Urbano y Convivencia a través de las direcciones de Inspección General y dirección de Bromatología. Estos son los que constatan las infracciones a las normas bromatológicas.
Los empleados que hoy están en su casa aclaran que los responsables directos de las áreas implicadas fueron echados y que los demás integrantes del personal no conocían lo que acontecía en los demás sectores. En la actualidad, continúan cobrando el sueldo, pero desde la empresa le avisaron que, si avanzan las trabas, la firma se irá de la ciudad. Las autoridades les explicaron que están a la espera de la autorización municipal en el marco de la negociación por las multas que deberán abonar.

En la justicia

En una primera audiencia, que se tramita ante el Tribunal de Faltas de Venado Tuerto, con la presencia de la jueza y las secretarias, se presentaron los hechos y los representantes de la firma realizaron su descargo. Posteriormente, se convocó a una nueva audiencia, donde se notificó la resolución y el monto de la multa, que fue establecía en 30.250.000 de pesos.
Además, se fijaba la necesidad de efectuar la presentación de la habilitación del comercio por parte del área de habilitaciones que depende de la secretaría de la Producción a cargo de Mauro Nervi. Frente a dicha notificación, La Anónima presentó un recurso de revisión para que lo resuelva la misma jueza y una apelación y nulidad en subsidio a los fines de que, si se le rechaza el recurso de revisión presentado en primer término, se eleven las actuaciones a la justicia ordinaria.

De las infracciones medioambientales registradas tampoco han modificado lo sustancial para lograr una nueva habilitación.

 

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