Las denuncias de Carrió, Lorenzetti y los dueños del Castelli: la trama del negocio de la salud

PUEBLO Regional – Cuando Elisa Carrió decidió avanzar en su cruzada contra Ricardo Lorenzetti y acudir a la justicia para pedir su juicio político, las andanzas del presidente de la Corte Suprema de Justicia quedaron a la luz. Con la espectacularidad que la caracteriza, la diputada de Cambiemos disparó que el máximo magistrado montó una “SIDE paralela” y abundó sobre los negocios en los que participó desde su origen en Rafaela. Uno de esos puntos destacados que emergieron tras las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica incumbe a la realidad regional: se trata de los nexos que vinculan a Lorenzetti con el grupo empresario que se apoderó del sanatorio Castelli en plena bancarrota.

El periodista y actual diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, profundizó la investigación sobre los negocios y conexiones del Supremo. En diversos artículos periodísticos, Del Frade reveló que Lorenzetti formó parte del grupo societario original de Apreme, una entidad surgida para gerenciar el convenio interasociativo sanatorial que unía a los principales sanatorios rafaelinos y que extendió una red de atención a obras sociales que derivó en un monopolio del negocio de la salud.

En uno de los pedidos presentados a la justicia, Carrió solicita que se averigüe si “hubo operaciones económicas realizadas por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, como miembro de la mutual Pyme Rural”. Según la denuncia, Lorenzetti integraría la mutual desde abril de 2015 y habría realizado operaciones por, al menos, 400 mil pesos. Entre las personas jurídicas que figuraban mencionadas como vehículos de esas operaciones, aparecían mencionadas: el Sanatorio Moreno SRL.; la Asociación Mutual Abril Rosario; la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento de Castellanos; la Clínica de la ciudad SA.; y Rafaela ACE. También sobresalía un nombre significativo –aunque, tal vez, desconocido- para los venadenses: Tita SA. Las operaciones sumadas de estas personas jurídicas –apuntó- alcanzarían un monto de más de 100 millones de pesos.

“La historia personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, es la expresión individual de una matriz de concentración de riquezas en pocas manos a partir de la construcción de impunidades y favores sectoriales. Desde Rafaela a la Nación, los intereses que hicieron del abogado el más poderoso magistrado de todos los tiempos se reciclan mientras que los padecimientos se vuelven colectivos desde mutuales que cierran, sanatorios que quiebran y obras sociales que se secan. La influencia de Lorenzetti no tiene que ver con su capacidad personal sino con los distintos organismos de control, tanto santafesinos como nacionales, que no funcionan a favor de las mayorías sino en beneficio de los privilegiados de siempre”, explica Carlos Del Frade, quien indagó en la trayectoria del magistrado desde su formación profesional hasta su consagración como máxima referencia del poder judicial.

Rosario y Plácido Tita compraron el sanatorio Nosti en 1986 con miras a llevar a cabo un emprendimiento familiar vinculado a la salud. El sueño duró relativamente poco: con el ingreso de Carlos, hijo de Plácido, comenzaron los conflictos y Rosario terminó siendo desplazado de la sociedad. Comenzó entonces un proceso que terminaría por colocar al grupo en el lugar del gran concentrador del negocio de la salud de Rafaela. Al lado de Carlos se desempeñó un colaborador estrella que diseñaba y facilitaba las acciones: Ricardo Lorenzetti.

En el marco de esas tensiones internas, surgen las prestadoras de PAMI como Apreme. Al calor de las desregulaciones y la implementación del Estado como administrador de los negocios privados, estas oficinas fueron sumando poder y desplegando un accionar que sellaba el pacto de poder entre el sector empresario, el sector político y el judicial, que conquistó la democracia argentina y controla sus cimientos con el ejercicio y la jerarquización de la corrupción.

La salud, con la incertidumbre y la posición de vulnerabilidad de la clientela, emerge como un campo propicio para la consolidación de un poder económico titánico que se sustenta en el saber médico. El PAMI funcionó como un eje de articulación para el manejo discrecional de los fondos públicos a partir del dominio de un sector altamente sensible como son los jubilados, que quedaron cautivos de un entramado de negocios con visos mafiosos que se propala a lo largo de la historia democrática. El traslado de las cinco mil cápitas que se dispuso en beneficio del sanatorio Castelli, que recientemente entró en convocatoria de acreedores, es una nota más en una extensa trama de maniobras asombrosamente sospechosas. Apreme es una de esos emergentes de los vínculos espurios entre el PAMI y la concentración de un área fundamental como la salud atravesada por el proceso de privatizaciones que vivió la Argentina.

En sus artículos, Del Frade recuerda que en los primeros años del siglo, meses antes del colapso de diciembre de 2001, Rosario, Gustavo, Ivana, Luis y Cecilia Tita publicaron una solicitada en los diarios regionales denunciando la dinámica de apropiación del negocio y el uso de los fondos públicos. “Mienten si hablan de una disputa familiar o simplemente societaria. Aquí se esconden grandes intereses en los que intervienen médicos, contadores, abogados, entre otros, incluso el primer punto de nuestra petición fue excluir a Rafael Barreiro del manejo directo o indirecto, al menos del patrimonio de Tita SA y de la intermediación con las obras sociales y exigir formalidades y controles elementales en ese manejo”, decía el texto. Y agregaba: “llaman enojos a los pedidos que hemos realizado de rendiciones de cuentas que han sido dolosamente incumplidas. Llaman inquinas personales a la política de transparencia que pretendemos instaurar en el negocio de la salud, del que se apoderaron hace años. Es esa hegemonía, rayana en lo delictual, la que intentamos quebrar, desbaratando la asociación que la maneja”.

El desenvolvimiento del Grupo Tita recala en la médula de las denuncias sobre la administración de capitales públicos y en la cual se trenzan la complicidad de profesionales de la salud, empresarios, dirigentes políticos y actores judiciales. “Acá hay una sociedad que es Apreme que hace muchos años viene desplegando su actuación como administradora de capitales ajenos, en la cual han intervenido muchas personas, muchos médicos, en la cual, como mínimo, podemos hablar de serias desprolijidades y que requieren una pormenorizada atención de todo lo que ha sucedido. Acá hemos encontrado sobre todo ocultamiento de información”, apuntaba el abogado Carlos Palacio Laje en una entrevista que recupera Del Frade.

De ese modo, la situación actual del sanatorio Castelli queda enmarcada en una disputa de poder que lleva a cabo la diputada Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti y en la cual se descubren detalles espeluznantes del negocio de la salud en la provincia. Una historia que aún no tiene un final predecible pero en la que se puede imaginar fácilmente quiénes serán los principales afectados.

22.05.2018
2:31 Hs

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