En medio de la discusión por el presupuesto municipal, el socialismo santafesino acentuó sus diferencias con la gestión de Cambiemos a la cual le atribuye querer hacerles pagar a las provincias el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El martes pasado, el mandatario provincial Miguel Lifschitz se bajó de la cumbre con los gobernadores en el CFI con una declaración contundente: «No voy a ser socio del ajuste». El socialista prefirió viajar a California para asumir la presidencia regional de la Coalición Under2 que trabaja para la lucha contra el cambio climático.
En la misma semana en el Concejo Municipal de Rosario, socialistas y peronistas desempolvaron un proyecto presentado hacía dos años por Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, para declarar la «emergencia social».
«La brutal devaluación se está trasladando a los precios de los alimentos y la situación económica y social es dramática y las medidas impuestas por el FMI que está tomando Macri van a generar más pobreza», enfatizó Toniolli en diálogo con LPO.
Si bien el concejal peronista reconoció que la cuestión de fondo -recuperación del salario, el trabajo y el mercado interno- no se resuelven con esta medida, «urge brindar respuestas al hambre más urgente».
El expediente avanzó en la Comisión de Presupuesto donde tiene mayoría el oficialismo local quienes junto a los concejales peronistas, que se movieron con sigilo, sorprendieron a los integrantes del PRO dándole despacho a un texto más amplio que el presentado por Toniolli.
Es que la iniciativa original que se había presentado en el 2016 apuntaba a declarar la «emergencia alimentaria» en los barrios más pobres y pedía que se refuercen la asistencia municipal en ese sentido mientras que la que se terminó aprobando declara la «emergencia social».
«Ante los recortes en educación, salud y transporte que aplica el gobierno nacional se decidió ampliar el proyecto original para que el Municipio cuente con las herramientas necesarias para sortear los trámites burocráticos y atender la demanda», explicaron fuentes del Palacio de los Leones a LPO.
La declaración de emergencia social en una de las ciudadades más importantes del país no es un tema menor. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, viene resistiendo un pedido similar de los intendentes peronistas del Conurbano, que sostienen que sus distritos están en emergencia alimentaria. Sin embargo, la gobernadora tomó nota de la situación y lanzó un paquete de ayuda de emergencia de 1.200 millones.
Vidal anuncia un refuerzo de los programas sociales que llega los $1.200 millones.
El trabajo en tándem entre socialistas y peronistas para avanzar con la declaración de emergencia marcó una nueva configuración en el mapa político de la ciudad: «Nos une el espanto», reconocieron desde el ejecutivo.
«El avasallamiento del gobierno de Macri es tan brusco que no nos vamos a quedar quietos peleándolos entre nosotros», agregaron desde el entorno de Mónica Fein aunque aclararon que por ahora no significa una alianza electoral.
Rosario sufrirá fuerte el traslado de los subsidios al transporte que pagaba el gobierno nacional, además de la quita de los fondos que recibía por el Fondo Sojero.
Impacto electoral
El endurecimiento de la gestión de Fein tiene un correlato electoral. En el socialismo creen que no se va a repetir el escenario que del 2017 cuando la marca Cambiemos estaba en lo más alto de la ola y le permitió al macrista Roy López Molina cosechar el 37 por ciento de los votos y dejar al Frente Progresista en el tercer lugar.
«Puede darse un panorama similar al del 2015 cuando el electorado ante la posibilidad de que ganen Anita Martínez -en Rosario- y Miguel del Sel -a la gobernación- decidió mantener el rumbo que venimos construyendo desde el progresismo», se entusiasman en el socialismo que ve en la crisis la oportunidad de retener un municipio que casi daban por perdido.
Conscientes del impacto político de la jugada, en el PRO salieron a cruzar la declaración de emergencia.
Fuentes del bloque macrista de concejales adelantaron a LPO que votarán en contra: «El proyecto que se quiere aprobar es solamente declarativo, una manifestación política que no otorga ninguna herramienta a la intendenta», afirmó el concejal Agapito Blanco.
Para el edil macrista, la intendenta no necesita ninguna declaración de emergencia para incrementar la ayuda social «y en el expediente no se contempla ninguna reasignación de partidas, por lo tanto es meramente político, de la política más absurda», concluyó.
