A principios de año, la designación del criminólogo, docente de la UNR y exsecretario de Seguridad Comunitaria durante la gestión de Hermes Binner, Enrique Font, como integrante del equipo de trabajo de la Defensoría Pública, desató una serie de cruces y cuestionamientos por parte de distintos funcionarios y legisladores del gobierno provincial. La intención de no darle viabilidad a su nombramiento, obtenido por concurso, se compadece poco con las banderas de rectitud institucional y respeto de los mecanismos y reglas de juego que iza el frente gobernante.
“Lo primero que hay que destacar es que éste es un gobierno que miente. Tiene una cara para afuera y, luego, otra lógica para hacer política. Yo me sumé sobre el final de la gestión de Binner al Ministerio, como secretario, para avanzar en una reforma en materia de seguridad y policial. Pero ese mismo sector político, a seis meses de que habíamos asumido, intenta dar un golpe de timón nombrando a un policía retirado. Ahí varios de los secretarios presentamos la renuncia y logramos que eso no suceda. Es un espacio político que no tolera la existencia de instituciones independientes en la Provincia”, plantea Font.
La tensión entre los organismos se incrementó en las últimas semanas a partir de la presentación ante el Comité contra la Tortura de la ONU que realizó la Defensoría Pública en el que se detallan los incumplimientos, irregularidades y vejaciones en los que se incurre en el territorio provincial. En materia de derechos humanos, Santa Fe encabeza las listas de abusos y violaciones a nivel nacional. La Defensoría Pública tiene como función brindar acceso a la justicia a las personas que no tienen recursos suficientes y representarlas para litigar contra el Estado en casos de vulneración de derechos.
“Son tensiones que el gobierno las vive como un ataque o una operación política. Basta mirar de atrás para adelante, la designación de un ministro fracasado como Raúl Lamberto, que dejó un tendal de muerte por falta de políticas adecuadas. Toleró que la policía torturara y maltratara de manera sistemática a los jóvenes y adultos, y se dedicó a negar la existencia de la tortura. Fue el ministro cuya gestión tres personas sufrieron desaparición forzada, una de ella con condena firme en el Comité contra la Desaparición de Personas de la ONU. Esa persona, que nunca llegó a un puesto por concurso y no pudo controlar a la policía porque le tenía miedo, tiene que controlar al Estado que conduce el espacio político que integra”, describe el docente.
El contraste entre el reconocimiento oficial y las denuncias de distintos organismos sobre la situación de las cárceles de la Provincia y el desempeño de la justicia y la institución policial, es notable. “La gente de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia debe ser la única institución pública o privada que visita lugares como el IRAR o el pabellón juvenil de la Flores, y no encuentra tortura policial contra los jóvenes que están en conflicto con la ley. Nosotros cada vez que fuimos a hacer un registro de supervisión, lo primero que nos dicen son las historias de torturas, maltratos, picanas, submarino seco, disparos de arma de fuego, amenazas de ejecución sumaria. Enrico y Pieroni forman parte de este gobierno, y no toleran el disenso y no toleran que se les digan que es un gobierno que tortura y maltrata”, agrega Font.
El informe presentado por la Defensoría mereció un reconocimiento de la ONU, que además se expidió exigiendo que se garantice desde el Estado la autonomía presupuestaria y funcional de la institución. Con respuesta a la presentación, los legisladores del Frente Progresista elevaron un nuevo pedido de destitución de Gabriel Ganón. “Esto incluye una preocupación, que no es solo de Santa Fe, que son las intromisiones en lo que es la autonomía de la Defensa, lo que ocurre aquí –expresa Font-. De hecho, el Comité marca la necesidad de que el Estado argentino garantice la autonomía presupuestaria y funcional de las defensas públicas. Nosotros estamos pagando una venganza del gobierno por nuestro trabajo, hay un proceso de hostigamiento a la defensa. Y eso se agrava luego de que se haga público este informe. En ese momento, Pieroni, Enrico y otros legisladores firman este nuevo pedido de destitución contra Gabriel Ganón, que es muy poco sólido”.
La convivencia radical
La llegada de Maximiliano Pullaro a la cartera de Seguridad dispuso un nuevo escenario en el radicalismo departamental. Actualmente conviven dos expresiones con alta incidencia en las esferas de gobierno y un amplio desarrollo territorial. Por un lado, el senador Lisandro Enrico, que mantiene una línea dura, de cercanía con la institución policial y ciertas cúpulas de la justicia; y por el otro, la alternativa del actual Ministro de Seguridad, que impulsa una reforma de la estructura institucional y propone una política de tolerancia cero respecto a la corrupción policial. Desde que asumió, se llevó a cabo la intervención de tres comisarías en el departamento: la °14, de Venado Tuerto, tristemente célebre por el caso Sergio Loza, el chico que apareció muerto en una celda simulando un suicidio por ahorcamiento; la °13 de Firmat; y una subcomisaria de Rufino.
“Hay que marcar algo: venimos de seis años de ministros que delegaron la gestión de la seguridad a la policía, lo que se llama delegación y autogobierno. Literalmente le tenían miedo a la policía. Esto generó una expansión de la lógica de autogobierno absoluta. En ese contexto, por fin alguien que empiece a tomar el tema en serio, es un avance. El único ministro que sostuvo un diálogo adecuado fue Pullaro. Ahora hace unas semanas que no responde las llamadas de Ganón, quizás hay alguna orden del gobernador. Es interesante la convocatoria de Marcelo Saín como consultor, pero es muy poco lo que se hace en materia de reforma policial. Opera sobre los hechos, interviene, tiene una posición activa de intolerancia contra la corrupción policial, pero no va a alcanzar con eso solo”, resume Font.
