(Agencia Sin Cerco / Lucas Paulinovich) Desde fines de noviembre, Gabriel Ganón está inhabilitado para ejercer su cargo como primer defensor público de Santa Fe. Había sido postulado por el Ejecutivo y convalidado por la Legislatura en 2011. Esas mismas instancias del poder político intervinieron para destituirlo casi seis años después. Su desempeño al frente de la Defensoría Pública fue una incomodidad para todos los poderes fácticos de la Provincia, brindado asistencia y respaldo a las familias de víctimas de violencia institucional y desentramando, a través de informes y denuncias, el armado de complicidad y corrupción de la corporación política, judicial y policial.
Su mandato concluiría en abril de 2017. Sin embargo, a raíz de la iniciativa encabezada por el senador radical Lisandro Enrico, en alianza con el Frente Progresista y el Pro, quedó suspendido del ejercicio de sus funciones, no percibe su salario y se encuentra inhabilitado para ejercer su profesión o la docencia. A su estado lo define como “muerte civil” y señala la arbitrariedad e irregularidad del proceso que consumó una gran revancha política en su contra.
En apoyo a su desenvolvimiento se manifestaron los familiares de los pibes desaparecidos en los últimos años en Rosario y prácticamente todos los organismos de derechos humanos, locales e internacionales. Esas referencias fueron obviadas por sus denunciantes, que nunca constituyeron su acusación y llevaron a cabo un proceso plagado de anomalías y sin ninguna garantía para la defensa.
La destitución tiene una dimensión inédita. “Que haya terminado de esta manera, no conozco ningún otro caso”, dice Ganón. Y agrega: “acá hubo una persecución política por defender los derechos humanos. De lo que hay ejemplos es de activistas que terminan con un tiro en la cabeza o detenidos”.
Actualmente, se encuentra en marcha un recurso de queja presentado por Ganón por la denegatoria del pedido de inconstitucionalidad de su destitución, que fue rechazado in liminepor la Legislatura, para que la Corte Suprema se pronuncie sobre las violaciones al debido proceso.
“No se trataba más que de una revancha política por haber puesto blanco sobre negro lo que estaba pasando en Santa Fe, con el gobierno nacional y el gobierno provincial, que ha generado un estado de impunidad espeluznante en Rosario y en la Ciudad de Santa Fe. De cada diez crímenes que se cometen, solamente se castigan dos. La otra situación grave que reclamamos es que a pesar de que la sanción no lo incluía, me inhabilitaron a la percepción de mi salario cuando tengo un obstáculo constitucional para poder dedicarme a la profesión, poner un comercio o hacer cualquier otra cosa. Y no por una resolución, sino por manejos administrativos oscuros, no me pagaron el sueldo desde noviembre”, comenta Ganón.
—¿Qué posibilidades tiene la Corte de intervenir y resolverlo favorablemente?
—Si hace lo que tiene que hacer, tiene que pagarme el sueldo. Por eso denuncié penalmente a los funcionarios que tomaron la resolución por su cuenta. La denuncia es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y retención indebida de haberes. Todos sabemos cómo funciona la administración de justicia en Santa Fe. Y si esos funcionarios se animaron a hacer lo que hicieron, es porque saben que las denuncias en su contra no van a avanzar.
—¿Qué rol juegan los organismos internacionales que se manifestaron?
—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió en diciembre un informe al Poder Ejecutivo nacional y provincial sobre lo que pasó conmigo. Nosotros nos apoyamos en las violaciones al debido proceso y sobre esta muerte civil. Lo que puede hacer es pedir al Estado que revierta la situación, pero después el Estado puede o no cumplir. En el caso de que esto avance, que yo creo que va a ser así, si la Comisión no llega a ningún acuerdo, eleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí viene una sanción al Estado argentino. Pero uno dice ¿cuál es el poder de imperio que tienen estos organismos? No lo tienen para obligar a un Estado, sino de imponer sanciones. En el caso de Milagro Sala, la Comisión Interamericana pidió que la liberen y el Estado no está cumpliendo. Eso genera costos en la política internacional. Después si Macri quiere cuestionar el estado institucional de Venezuela, el gobierno venezolano puede decir que Argentina no cumple los tratados internacionales.
—¿Esto lo entendés como una revancha en términos personales o hay un intento de consolidar una justicia policial?
—No es personal, sino política, por haber puesto negro sobre blanco en el funcionamiento de las cajas negras de la policía y del Servicio Penitenciario, y el amparo que la justicia hace sobre estas cajas y sobre episodios más graves como la desaparición forzada de personas. También por haber puesto sobre la mesa el funcionamiento del sistema de designaciones acordado entre la corporación judicial y el poder político que le permite al que fue presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, colocar a su mujer en el puesto que dejé. Se va copando la justicia para garantizar impunidad a los funcionarios, a través de intercambio de favores.
—¿En qué situación queda la Defensoría y, especialmente, las causas vinculadas a la violencia institucional?
—Es claro que se intenta disciplinar a la Defensoría para tener una defensa dócil que se someta a la fiscalía, a la administración de justicia y a la policía, sin un rol activo. Las causas, basta ir a ver los números de la fiscalía, no avanzan. Los casos más graves tampoco avanzan. Ya todos sabemos lo que hizo el juez Marcelo Bailaque en la causa por la desaparición de Gerardo “Pichón” Escobar, donde se garantizó impunidad a todos los que participaron. En ese caso se vio claramente el entramado de relaciones entre la política, la policía y la justicia para encubrir delitos tan graves como este, que es el más grave que existe.
—¿Qué acompañamiento dieron las otras fuerzas políticas? ¿Fue solo la votación en contra de la destitución o hubo continuidad con un respaldo posterior?
—Hubo un respaldo en la Cámara de Diputados de parte de la izquierda y del Frente para la Victoria, y de un sector del Frente, con Giustiniani, Augsburger y Palo Oliver, que estuvieron en contra de este proceso porque entendieron que se violaron todas las garantías. Después en el Senado, salvo dos senadores, todos acompañaron la postura del Ejecutivo.
—¿Y eso se debe a una bajada de línea estricta o hay otros factores detrás de esos alineamientos?
—Habría que preguntárselo a ellos, pero lo cierto es que permitieron que terminara como terminó. Yo les pedía a todos los que acompañaran mi suspensión que se comprometieran a responder ante la sociedad los daños y perjuicios que iban a ocasionar. Y no lo hicieron, ni siquiera el senador Enrico, que era el que había iniciado todo. Dijo que lo estaba amenazando, y eso no es una amenaza. Le dije que si el consideraba que lo que hacía estaba bien, se comprometiera con su patrimonio ante los santafesinos por los perjuicios de este acto de arbitrariedad y revancha política.
—Ante ese panorama, una solución política parece improbable, ¿qué futuro avizoras para el caso?
—No creo que la corporación política y judicial revea su comportamiento, pero la ciudadanía tiene una gran oportunidad en las próximas elecciones de votar de una manera diferente y hacer pagar los costos políticos de la desastrosa administración de justicia y el desastroso sistema de seguridad pública que tiene la Provincia. Pullaro -actual ministro de seguridad- dice que bajó la tasa de homicidios pero no muestra ningún número. ¿Por qué le tenemos que creer? ¿Es un cura que está hablando sobre la palabra de Dios y entonces es una cuestión de fe? Es un político y si va a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con números, tiene que mostrarlos y explicar por qué dice que todo está mejor. En realidad, la ciudadanía sabe que no está nada bien, no solo en seguridad sino también en lo económico.
—¿Qué horizonte le ves al laburo recopilado sobre la corrupción policial y el armado de represión ilegal en la Provincia?
—Yo creo que se van a acentuar e incrementar las prácticas ilegales y los abusos de la policía y de la administración de justicia, porque el gobierno está buscando quitar niveles de protección y potenciar los abusos por parte de la policía y la impunidad para aquellos que abusen de sus poderes. Por eso, la única forma de ponerle un freno es a través del voto. A medida que se consolide el proyecto del Frente y de Cambiemos, se van a acentuar en esta tendencia de desprotección del ciudadano común.
—¿Estos últimos movimientos que incriminan incluso a lo más selecto de los penalistas ligados al narcotráfico, son internas o forma parte de los intentos por consolidar la estructura policíaca de la justicia?
—Si es una interna o no, yo no lo sé. El gobierno buscó un impacto político para hacerle creer a la sociedad que la administración de justicia funciona y que va por buen camino, un golpe de efecto, que son duros y cumplen, y en realidad todos saben que no es así, que no se castiga a quien hay que castigar. Quizás hay disputas internas en la administración de justicia o de bandas que pierden poder sobre otras. Pero lo cierto es que se buscó un golpe de efecto, fue una verdadera operación orquestada mediática, política y judicialmente.
—Las últimas reformas, que también impulsó Enrico, ¿ya van teniendo consecuencias en su aplicación, cambió el panorama el último año?
—Con el recrudecimiento del discurso político la policía se sintió más a gusto y avanzó sobre los desprotegidos con prácticas ilegales. Los cambios que se propugnan están dirigidos a aumentar la arbitrariedad, los abusos de policías y fiscales, y desproteger a los ciudadanos. No van a resolver los problemas. En la provincia de Buenos Aires, que tiene zonas mucho más conflictivas, en el 95% de las investigaciones penales se le recibe declaración a la persona dentro de las 24 horas. Con estas reformas, en Santa Fe extendieron el plazo a cuatro días para tener chupada una persona. Eso permite ampliar las facultades de negociación ilegal de la policía. No es una cuestión material de que no se puede, sino que no se quiere trabajar correctamente. Por muchos factores, porque la policía quiere más margen para apretar y torturar, y porque los jueces y fiscales no quieren trabajar los fines de semana.
—En ese sentido, ¿qué lectura haces de los carteles que aparecían diciendo que Enrico era lobista de la policía?
—Yo creo que Enrico es lobista de la policía por una convicción ideológica. Él está convencido que soltarle la mano a la policía mejora las condiciones de seguridad. Pero lo que debería saber Enrico, que no es algo que digo yo, sino que lo dijo Rodolfo Walsh hace bastante tiempo, es que la policía del gatillo alegre es la misma que la policía de la mano en la lata. Eso se comprueba en Santa Fe, en Buenos Aires y en cualquier lugar del mundo. A la policía hay que restringirla para que se comporte en el marco de la ley.
—A partir del supuesto clima manodurista creciente a nivel social, ¿qué balance haces del trabajo de investigación, difusión y generación de consenso sobre la verdadera cara de la policía y el papel de determinados sectores políticos?
—El discurso de mano dura, en momentos de tensión política y crisis económica, les viene muy bien para correr el eje de discusión sobre los problemas que afectan a la gente, que no puede llevar un plato de comida a la mesa. Es útil para distraer y no atender lo que debe modificarse, que son las políticas sociales y económicas. Veía un programa político que hacía una comparación con el discurso de mano dura que apareció sobre el final del gobierno de De la Rúa y Ruckauf, que terminó como todos sabemos. Cuando se intensifican los discursos de mano dura es porque los problemas están en otro lado.
