El legislador provincial Gabriel Real, en la sesión de hoy, ha manifestado, “la preocupación por el no avance de la Comisión integrada por miembros del Poder Ejecutivo Nacional y Poder Ejecutivo Provincial a los fines de determinar la deuda que la Nación tiene con la Provincia de Santa Fe sobre Fondos Coparticipables. Esta situación retrasa los tiempos de resolución sobre el tema en cuestión y no permite que el Ejecutivo Provincial se haga de esos fondos adeudados”.
Cabe recordar que el 24 de noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
De esta manera, la Corte hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis (“Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ 191/2009(45-S)/CS1”, “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”). Con fundamento en esta decisión, la Corte también ordenó al Estado Nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos (“CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar”).
En su decisión, el Tribunal explicó que la referida deducción fue originalmente pactada en la cláusula primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de 1992 -ratificado por la Ley Nacional 24.130- y prorrogada sucesivamente mediante diversos pactos intrafederales de la misma naturaleza. Una vez vencidos esos compromisos, el Estado Nacional extendió a partir del 1° de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la Ley 26.078, cuyo Artículo 76 hoy es declarado inconstitucional.
La consecuencia de la decisión resulta ser que el Gobierno Nacional a partir de diciembre le aporta a las arcas provinciales más de $500 millones por mes, es decir que ha cesado en forma inmediata de detraer esos fondos y en segundo lugar deberá devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan. A fin de hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema fijó un plazo de 120 días una vez determinada y acordada la deuda para que las partes acuerden la forma y plazos en que el Estado Nacional reintegrará las sumas debidas a las provincias, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia.
En ese sentido se expresaba el diputado Real: “El interés puesto de manifiesto en este proyecto es destacar que la Comisión sólo se reunió en una única ocasión, el 3 de junio pasado, y no hubo avances sobre el tema. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estimó en más de $80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte a las tres provincias. A valores históricos a Santa Fe, sin ningún tipo de actualización y/o intereses, y conforme datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, la detracción del 15% para la Anses significó $18.835 millones de pesos; y la detracción del 1,9% para el Fondo de Autarquía de AFIP ascendió a $4.644 millones. A valores nominales, sin intereses, el monto total adeudado a la Provincia suma $ 23.479 millones de pesos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $35.000 millones; de ahí la urgencia en resolver el reintegro de estos fondos adeudados por el Ejecutivo Nacional y en tanto se siga dilatando generará aún una deuda mayor y la imposibilidad de avanzar en obras de infraestructura para la provincia de Santa Fe”.
