El caso del robo en el corralón despertó una serie de versiones que van desde las conspiraciones y los entramados de espionaje, hasta las apuestas por involucramientos y encubrimientos oficiales de los imputados. Sin embargo, las únicas evidencias que existen son las que sustentan las sospechas que conducen actualmente la investigación, y es el propio fiscal a cargo de la misma, Mauro Blanco, quien desmiente los rumores puestos a circular por medios de comunicación y dirigentes opositores sobre los intentos de la Municipalidad para despegarse del caso y la falta de colaboración de los funcionarios para el avance de la causa.
“Cuando en el juzgado de falta se evidencia esta situación, vienen a fiscalía ambos jueces, ponen a disposición todos los documentos fraguados, nos pide una entrevista Jorge Lagna y nos ofrecieron toda la documentación del corralón, todo el tiempo han demostrado predisposición al avance de la causa. A tal punto, que hicieron a la celeridad de la investigación y solicitaron personalmente que llegue a las últimas consecuencias, porque esto tiene ribetes políticos que escapan a mi función”, comenta Blanco.
Según explica, la investigación surgió a partir de una vecina que detectó una irregularidad y la comunicó al Tribunal de Faltas. Ambos jueces fueron los que recurrieron a la fiscalía que inmediatamente tomó contacto con funcionarios municipales y por intermedio del secretario de Gobierno, Jorge Lagna, se pusieron a disposición los elementos necesarios para llevar adelante las averiguaciones. Blanco detalla que cuenta con testimonios del personal del corralón que afirman haber visto a ambos imputados llegar juntos para retirar algún vehículo, a pesar que uno de ellos había declarado que no conocía el otro, más allá de cruces esporádicos en un comercio.
De cualquier modo, el juez que entiende en la causa decidió conceder la libertad provisoria luego de una fianza por el valor de dos inmuebles. La determinación del juez, que no invalida la investigación, sino que pone en vigor una garantía procesal, se debió a que no entendió peligrosidad ni intentos por entorpecer la causa en los imputados, ya que enseguida se pusieron a disposición. Blanco había pedido una prisión preventiva de al menos quince días para continuar con las testimoniales. La aclaración de la fianza sellada en bienes inmuebles desmiente las versiones que hablaban de montos en efectivo e instalaban dudas sobre el origen de esos recursos.
“Recuperaron la libertad, pero no implica que la investigación haya cesado. La regla que pasen el proceso en libertad. Yo solicité que se dictara la prisión preventiva por un plazo de quince días al menos para terminar con la parte testimonial, pero el juez entendió que al haberse presentado y tenían predisposición, no había peligrosidad”, precisa Blanco.
