El nuevo tramo del tarifazo produjo una intensa ola de reclamos y manifestaciones de los usuarios que tuvieron un destinatario preferencial: las cooperativas que, como en el caso de Venado Tuerto, son la cara visible de la provisión del servicio eléctrico. Sin embargo, las entidades funcionan como distribuidores finales sin capacidad para determinar los aumentos. PUEBLO Regional conversó con Federico Ferrero, presidente de Fescoe, Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Publicos, para conocer más detalles de la situación frente al contexto tarifario.
“Las cooperativas, desde febrero de 2016, cuando el gobierno nacional decidió comenzó una política, para ellos gradual, para nosotros no, empezó a aumentar notablemente el costo de la energía, y el 100% de ese dinero que tuvimos que pasar a recaudar, lo trasladamos a la Nación. No queda ni un solo centavo para las cooperativas”, dice Ferrero.
Estas instituciones están integradas por gente del pueblo que está presente y da respuestas, y en buena medida, se ven subordinados a decisiones tomadas en Buenos Aires. Ferrero explica que en solo dos años, el valor del kilovatio que las cooperativas compran, para el consumo residencial, aumentó más del 3.400%, y para los consumos industriales, la suba fue de 1.300%.
“Eso ya da la pauta del impacto para las cooperativas y, por ende, para los usuarios y asociados. La realidad es similar en toda la República. Son medidas de índole nacional, y más allá de cuestiones puntuales, el precio se fija así. Nuestra provincia tiene una baja de tensión, y eso en algún lugar puede ofrecer otra situación, pero las más de 60 cooperativas atraviesan un momento similar”, apunta.
Por otro lado, indica que en los lugares donde no hay cooperativas sucede exactamente lo mismo. Este argumento contrasta con las expresiones vertidas por distintos referentes políticos que lo plantean como un problema de Venado Tuerto. En cuanto a los caminos a seguir para enfrentar este escenario y romper las oleadas que intenta acabar con el modelo cooperativo y abrir paso a un proceso de privatizaciones, Ferrero comenta que fueron escasas las respuestas del Ministerio de Energía.
“El poder político tiene que ser cuidadoso con sus manifestaciones. Entiendo que está bien que se ponga del lado de la gente. No obstante, invitar a la gente a no pagar la luz, son peligrosas. Porque las cooperativas no pueden no trasladar los aumentos que se le imponen. Pueden tomar medidas que amortigüen el impacto, pero no pueden asumir con sus recursos los aumentos”, dice.
La Federación tiene un representante en el directorio de la Empresa Provincial de Energía: a través suyo se llega a la secretaría de Energía provincial que es la que eleva las quejas al ámbito nacional. En Santa Fe, de las más de 60, hay casi 40 cooperativas asociadas a Fescoe. “Los números nos marcan que la tarifa se ha vuelto muy difícil de afrontar. Ni siquiera eso permite que haya aumentado la recaudación de las cooperativas. El dinero no queda en el pueblo. Estamos preocupados por el bolsillo de la gente, nos hacemos eco de los asociados, entonces estamos analizando qué medidas podemos tomar para paliar esta situación”, sentencia.
