El gobierno trabaja en nuevas medidas económicas y sociales para contrapesar la caída de la actividad fruto del confinamiento nacional por el coronavirus. El presidente Alberto Fernández convocó ayer a la residencia presidencial de Olivos a una decena de funcionarios de su cartera para estudiar el impacto de la pandemia. El jefe del Estado está decidido volcar más recursos estatales en la calle para ofrecer paliativos a todos los sectores, aún en detrimento del déficit fiscal.
Ayer al mediodía, el presidente recibió a los ministros del llamado «gabinete económico y social» para hacer un estado de situación y analizar la viabilidad y el costo fiscal de un nuevo paquete de medidas. A una mesa extensa se sentaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero ; su vicejefa, Cecilia Todesca ; el ministro de Hacienda, Martín Guzmán ; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo . También los asesores estrechos del presidente, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz ; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello y el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos.
El encuentro se extendió durante dos horas en la residencia de Olivos, un paisaje que se volverá más habitual porque el presidente prevé pasar más tiempo trabajando desde la residencia oficial durante la cuarentena.
«Estamos evaluando medidas para todos los sectores. Debemos analizar su implementación y su impacto económico, social y fiscal», señalaron fuentes oficiales.
El gobierno reconoce que enfrenta un especial problema con dos sectores que quedarán fuertemente rezagados por la parálisis que impone la cuarentena obligatoria por la pandemia. Por un lado, los monotributistas, trabajadores independientes que dependen de su actividad diaria y que se verán muy perjudicados por la cuarentena general que frena toda actividad esencial. En segundo lugar, los trabajadores informales que viven de changas o de oficios, sin relación de dependencia. El 40 por ciento del trabajo en la Argentina es informal.
Esos dos grupos no fueron abarcados por la primera tanda de medidas oficiales anunciadas en la semana, y que estuvieron enfocadas en sectores que reciben subsidios y empresas, con un costo fiscal de $700.000 millones.
El presidente de hecho reconoció el jueves, cuando anunció la cuarentena preventiva y obligatoria, que aún estaba pendiente tomar medidas para aliviar la situación de monotributistas y trabajadores informales.
Ayer, Arroyo lo admitió en una entrevista radial: «Estamos analizando medidas para esos trabajadores que viven del sustento diario, como taxistas, mozos, carpinteros, jardineros. Se formó un gabinete económico social que está planteando esas situaciones».
«Los monotributistas y los trabajadores informales son casi un millón de personas en nuestro país. Estamos armando un esquema y estamos evaluando alternativas para ese sector y el presidente ya se comprometió. Vamos a tomar una política específica porque la tienen muy complicada», explicó el funcionario.
Por otro lado, el gobierno monitorea los sectores más bajos que dependen de un subsidio del Estado. Ya fue anunciado un bono de 3.100 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, y una suma adicional por única vez de 3.000 pesos a beneficiarios de planes sociales, y jubilados y pensionados que cobran la mínima. Pero fuentes oficiales reconocen que no será suficiente, si la parálisis general se extiende en el tiempo.
En el gobierno explicaron que entre las medidas anunciadas días atrás figura la asistencia financiera por $320.000 millones para pymes y empresas para capital de trabajo y compra de insumos, a una tasa del 26 por ciento, que «es el equivalente a la masa salarial de un mes».
Esa medida, sin embargo, sólo abarca al empleo formal. El gobierno estudia cómo llegar ahora a los sectores informales de la economía.
Para este año, se esperaba una contracción del PBI de 1,5 por ciento. Pero las proyecciones privadas ya estiman una caída de alrededor de 2 por ciento por el coletazo del coronavirus.
