Juan Flaherty es el delegado de Uatre en General López, el sindicato de trabajadores rurales que recientemente denunció un caso de reducción a la esclavitud en Venado Tuerto en un campo próximo a la “curva de Pastorino” en el que vivía un abuelo de 91 años en una tapera muy precaria y bajo condiciones inhumanas.
La denuncia fue recibida por el fiscal federal Arzubi Calvo a principios de mes, y durante los últimos días certificó las condiciones en las que transcurría su vida la víctima a través de tareas realizadas por personal de Gendarmería Nacional. Finalmente el viernes se pidió el allanamiento y se concretó el rescate de la víctima medidas ordenadas por el juez federal Carlos Vera Barros para la misma jornada, por la premura que requería la situación. La víctima fue trasladada al hospital Gutiérrez, donde quedó internado en observación para chequear su estado de salud.
El allanamiento fue efectuado por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Venado Tuerto de Gendarmería, la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y la colaboración de la Dirección de Políticas para Adultos Mayores de la Municipalidad de Venado Tuerto.
Si bien el trámite había sido iniciado en febrero, cuando el gremio se constató de la situación a partir de sus operativos de registración en el cual se recorren los establecimientos y se conversa con los trabajadores para conocer su situación, fue recién las últimas horas que la justicia procedió a intervenir.
El campo pertenece al distrito Venado Tuerto, detrás de la conocida “curva de Pastorino”. Flaherty afirma que el abuelo declaró que hacía 12 años que trabajaba ahí y le pagaban 200 pesos mensuales. Todos los meses, el patrón lo acompañaba a cobrar la jubilación y le retenía el dinero. Según apunta Flaherty, un peón rural cobra alrededor de 15 mil por mes mas otro tanto por cargas sociales.
Esta familia venadense mantenía al abuelo sometido a condiciones desesperantes: la casa tenía piso de tierra, paredes sin revocar, el baño en pésimas condiciones y en el exterior de la vivienda. El delegado gremial señala que en esa unidad económica hay más de mil hectáreas de siembra. También había ovejas y vacas. El abuelo se dedicaba a cuidar la maquinaria y el lugar.
En cuanto al tiempo que transcurrió entre la efectuación de la denuncia y el operativo llevado a cabo por la justicia, Flaherty explica que el procedimiento del sindicato consiste en que primero se hace la inspección, y luego hay una audiencia en el Ministerio del Trabajo entre el dueño del campo y el sindicato. Por parte del dueño se presentó una abogada. El caso pasó a Rosario, porque es catalogado como “trata de personas”. Recién ahí es cuando se le da lugar a la justicia.
“Nosotros no tuvimos posibilidad de conversar con los dueños, porque había una persona mayor, que era la que figuraba, pero hay otros por detrás que manejan todo. Cuando hacemos inspecciones vamos directamente a los trabajadores, con los patrones no nos relacionamos. A través de la abogada decían que le habían prestado para que viviera ahí, el mismo verso de siempre, dicho en criollo”, sintetiza.
