La polémica desatada por los fondos que destina el Estado nacional a Iglesia Católica se extendió a la provincia a partir de los aportes que realiza para el trabajo de sacerdotes en cárceles y hospitales. Legisladores provinciales de distintos bloques plantearon ayer que deberían discutirse los subsidios que recibe el culto católico respecto a otras religiones y organizaciones sociales que también realizan tareas comunitarias en esos espacios y en otros, y no perciben apoyo gubernamental. Algunos fueron más allá y manifestaron la necesidad de rediscutir el esquema de subsidios, incluidos los que perciben ellos mismos. La discusión, consideraron, podría formar parte de una reforma constitucional si avanza la iniciativa impulsada por el gobernador Miguel Lifschitz. Así y todo, no faltaron representantes de la Legislatura que evitaron pronunciar su posición.
El Estado provincial destinará poco más de 13 millones de pesos del presupuesto 2018 para mantener a los capellanes de la Iglesia Católica que tienen cargos permanentes dentro la estructura santafesina. Las partidas se concentran en dos ministerios: Salud y Seguridad. Y en dos ciudades de la bota: Rosario y Santa Fe. El debate se inició la semana anterior a partir de la polémica por los fondos que destina el Estado nacional al culto católico ante la consulta surgida del bloque Evolución, de Martín Lousteau, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien detalló el pago de asignaciones a funcionarios del clero, establecidas por ley.
La diputada del bloque Federal, Alejandra Vucasovich, consideró que «hay que debatir qué pasa con otros cultos para preservar la igualdad de derechos y si el Estado se tiene que hacerse cargo de eso». De todos modos, aclaró que si hay derechos adquiridos por los 26 sacerdotes que se desempeñan como empleados de la provincia deberían continuar, «pero también sebería verse si cumplen sus funciones».
La legisladora señaló que en esta etapa de discusión sobre la asignación de fondos y subsidios «no sólo deberían discutirse las asignaciones a la Iglesia Católica, sino también los subsidios a los legisladores provinciales». Por eso, consideró que, de prosperar una reforma de la Constitución en la provincia, «los constituyentes podrían discutir todos estos temas en profundidad».
Para Roberto Mirabella, diputado provincial del bloque Frente Justicialista para la Victoria, es «saludable que se debata la asignación de los recursos públicos, pero también deberían discutirse los ingresos y la calidad del gasto». Por eso estimó que no sólo hay que ver si los capellanes realizan su trabajo, sino que «hay que evaluar el trabajo de cada funcionario público». Y disparó que debería hacerse foco también en el aumento de la plantilla de personal: «Más de 30 mil agentes desde que terminó la gobernación Jorge Obeid».
La diputada provincial del bloque Igualdad y Participación, Silvia Augsburger, dijo que «desde lo conceptual no debería haber diferencia con ninguna de las creencias por parte del Estado», pero «hoy hay una desigualdad ante la ley al sostenerse una personería jurídica como la que se le otorgó a la Iglesia Católica, que debería estar sometida como cualquier régimen religioso a las mismas reglas». Por eso evaluó: «Hoy en la práctica no tenemos un Estado laico».
«Hay muchas religiones que hacen trabajo social y organizaciones sociales como Mujeres tras las Rejas, que se vincula desde hace mucho con personas encarceladas en su capacitación y generación de mecanismos para su propio sustento; no reciben subsidios y harían una labor más importante si recibieran apoyo estatal», dijo, y agregó: «Nunca hubo voluntad política para resolver esta situación y volverla más equitativa». También se mostró a favor de rediscutir el reparto de recursos entre los distintos actores relacionados con la asistencia social.
En este sentido, el legislador radical Julián Galdeano consideró que se debería «evaluar que (el aporte) no sea exclusivo de la Iglesia Católica», de la que destacó su trabajo social en la provincia, incluyendo a comedores y otras organizaciones relacionadas, que reciben recursos por parte del Estado. «No veo que sean excesivos los fondos que percibe, más bien me parece que la Iglesia aporta más de lo que recibe», agregó.
Galdeano cree que esta discusión no debe mezclarse con otros debates que hay en paralelo y que tienen a la Iglesia Católica como uno de sus actores relevantes, como en la discusión del aborto en el Congreso nacional.
Fuente: La Capital / Marcos Cicchirillo
