A un año de la ejecución por la espalda de Rafael Nahuel por parte de Prefectura Naval en Bariloche, que disparó 114 veces mientras el joven y otros dos mapuches intentaban una fuga, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich firmó la resolución 965/2018, que entró en vigencia este martes, que autoriza a las fuerzas federales nacionales a disparar sin dar la voz de alto.
El uso de armas letales es válido «en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves» o «para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas». También «para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad» o «para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención», se detalla en la polémica resolución basada en la conocida como “doctrina Chocobar”.
“Se trata de un nuevo protocolo para las fuerzas federales de seguridad. Las provincias pueden adherir o no a esta medida, y de hecho el gobernador (Miguel) Lifschitz ya dijo que no lo haría. Lo que hace este protocolo es establecer una serie de pautas de comportamiento de los agentes que trabajan en las fuerzas federales sobre cuándo utilizar las armas de fuego”, explicó Orso.
Entrando en detalles, el camarista planteó que “el artículo 2 establece una serie de situaciones que incluso están previstas dentro del Código Penal, como la legítima defensa de uno o de terceros. Toda esta parte de la norma no tendría mayores reparos, lo que si me genera dudas es cómo se llevará a la práctica y las consecuencias que pueda generar el inciso que habilita el uso de arma de fuego para evitar la fuga, porque ahí estamos hablando que no hay una situación de legítima defensa”.
En la misma línea apuntó que esta situación de poder disparar por la espalda “puede generar situaciones no deseadas”.
Para Orso, la resolución firmada por Bullrich daría basamento legal a los agentes para poder disparar por la espalda: “En este caso hay un protocolo, un instructivo a través de esta resolución que está permitiendo este proceder. Por eso me parece que en un caso concreto el agente puede invocar esto y ahí queda la responsabilidad política de esta cuestión”.
Por el momento la resolución está judicializada por distintas presentaciones que se hicieron en los últimos días, por lo cual el camarista consideró que su análisis llegará a la Corte Suprema de Justicia.
“Esto va a generar situaciones poco claras, abusivas en algunos casos, porque es fácil fraguar una fuga para recurrir a una acción de este tipo. Me parece muy peligroso”, concluyó Orso.
