Doble indemnización: Alberto Fernández la restableció por decreto para frenar los despidos

El presidente Alberto Fernández​ declaró este viernes la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el jefe de Estado restableció las indemnizaciones dobles por los despidos sin justa causa. El texto establece que la medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. El mandatario se retiró a las 22.48 de la Casa Rosada.

Minutos antes había salido por la explanada de Rivadavia el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien acercó la iniciativa al Presidente. El texto del decreto justifica la decisión por la gravedad de la crisis laboral. Explica que la tasa de desempleo creció hasta 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto más que hace doce meses.

La medida resultó sorpresiva luego de que el propio Fernández relativizara su impacto durante la campaña electoral y tras imponerse categóricamente en las PASO. “No creo que sirva, nosotros la tuvimos en un momento en que se generaba empleo porque la economía crecía, pero estas cosas no se resuelven cambiando la ley laboral”, dijo entonces.

Sin embargo, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente fue enfático para describir la crisis de empleo. «Hoy el desempleo afecta a casi un 30 por ciento de los jóvenes y, aún en tasas más altas, a las mujeres jóvenes. Hay más de 1.200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan», sentenció el mandatario.

El DNU rememora la denominada ley «antidespidos» que el Congreso sancionó en 2016. Aquella ley impulsada por el líder camionero Hugo Moyano e impulsada por el peronismo prohibía las cesantías injustificadas durante seis meses y restablecía la doble indemnización, pero terminó siendo vetada por el ex presidente Mauricio Macri​.

La doble indemnización tiene antecedentes de larga data en el país. Cuando en enero de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde y luego de la crisis de 2001, se sancionó la Ley de Emergencia Económica, unas de las medidas que se incluyeron fue la doble indemnización. La norma tenía como objetivo frenar los despidos masivos en un momento crítico para el país, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

El texto establecía que los empresarios debían pagar una indemnización doble a los empleados despedidos sin causa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo y en los convenios vigentes de cada actividad. Finalmente, esa medida fue derogada en 2007, en el final del mandato de Néstor Kirchner.

Héctor Daer, cercano al Gobierno y uno de los líderes de la CGT, había evitado avalar la doble indemnización. «Hay que hablar de sumar empleos y no de despidos, porque los despidos se provocan por la caída de la actividad económica, que nos lleva a un círculo vicioso que cada vez se achica más», señaló entonces.

Todavía resulta una incógnita saber cómo recibirá la noticia el empresariado. Días atrás, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) consideraron un error el regreso de la doble indemnización por despido. «No es una herramienta para este momento, yo creo que va a haber una reactivación, una suerte de veranito, y la prioridad debe ser encender la producción», planteó José Urtubey, vocal de la UIA, en declaraciones radiales.

EL DNU describe la caída del empleo registrado privado durante el último año. Muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores quedaron fuera del mercado laboral entre septiembre de 2018 y de 2019.

El movimiento de la Casa Rosada preanunciaba una medida de alto impacto. Casi todos los ministros y funcionarios del área económica circularon por sus pasillos y se retiraron bien entrada la noche. Además de Moroni, se reunieron con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y con el Presidente, los ministros Martín Guzmán, de Economía; Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo; Daniel Arroyo, de Desarrollo Social; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Paralelamente, el Gobierno avanza en las leyes y la emergencia sanitaria, económica y social que tratará el Congreso en sesiones extraordinarias, aunque el hermetismo manda por ahora.

 

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