Intendentes electos que asumirán sus cargos mañana en distintas localidades del sur santafesino tendrán que ingeniárselas para hacer frente al pago de obligaciones salariales y deudas millonarias que heredarán de gobiernos de otros signos políticos que culminan sus mandatos.
Tal es el caso de los futuros mandatarios locales Andrés Golosetti, de Casilda; Rolvider Santacroce, de Funes; y Miguel Vázquez, de Carcarañá, quienes representan la vuelta del peronismo a esas ciudades cercanas, aunque de diferentes departamentos, con el desafió de revertir la crítica situación y satisfacer demandas, especialmente en materia de obras y servicios públicos.
El escenario más complejo se presenta en el municipio carcarañense donde la nueva gestión arrancará en medio de un conflicto por reclamos salariales, excepto que la aún intendenta del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Verónica Schuager, pague los haberes del mes pasado y los empleados levanten el paro que iniciarán hoy, algo que difícilmente ocurra.
Es que desde el gremio descartan la posibilidad de que la actual administración satisfaga el reclamo, por lo que, de ser así, no le queda más alternativa que negociar soluciones con el gobierno entrante de esta ciudad del departamento San Lorenzo.
El secretario general del sindicato municipal de esta localidad, Gastón Paz, manifestó a La Capital la sensación de «desilusión e incertidumbre» que reina por estas horas entre los trabajadores. Y en esa línea dijo que, de no surgir respuestas, se evaluará endurecer las medidas con acciones similares a las ya realizadas en el anterior conflicto donde fue cortada la autopista Rosario- Córdoba, a la altura de Carcarañá, para exigir, con éxito, la cancelación de los haberes de octubre.
El panorama lejos está de tomarlo por sorpresa a Vázquez, quien ya mantuvo reuniones con el sindicato durante la transición y apenas se haga cargo de la Intendencia intentará consensuar una salida al problema salarial. «Todo indica que asumiremos en un situación de conflicto, por lo que la prioridad será llegar a un acuerdo para sanear los salarios atrasados y a la vez gestionar asistencia financiera ante la provincia para garantizar el pago de las remuneraciones de diciembre y el aguinaldo», indicó .
Asimismo calificó de «gravísima» la situación económica y financiera del municipio aunque aclaró no tener números exactos sobre la deuda que recibirá, pese a que algunas versiones indican que superaría los 100 millones pesos.
«Recién la conoceré cuando me siente en el despacho aunque creo será como encontrarme con una caja de Pandora», dijo Vázquez para visibilizar su presunción, al tiempo que dijo desconocer el monto exacto, pero admitió que «sabemos que hay una deuda grande con proveedores, razón por lo que llevaremos adelante una administración austera para poder resolver necesidades de la comunidad».
Además de ir en busca de oxígeno financiero, también apuntará a los recursos propios que pueda generar el municipio a través de su ya reconocido Parque Sarmiento, donde desde hace un tiempo un grupo de voluntarios, del que forma parte, se está ocupando de dejarlo en condiciones para la habilitación de la temporada.
No menos complicada es la situación en el municipio de Funes donde el actual intendente de Cambiemos, León Barreto, dejaría una deuda de unos 350 millones de pesos. Al menos eso es lo que estima recibir Santacroce, el nuevo mandatario peronista que tomará las riendas de la administración local con la expectativa de sacarla a flote. Si bien buscará asistencia financiera para afrontar compromisos salariales también confía en generar recursos por medio de una moratoria que se pondrá en marcha por única vez para regularizar deudas por Tasa General de Inmuebles (TGI), sin la aplicación de intereses y con un descuento del 15 por ciento sobre lo adeudado.
La iniciativa que impulsó en su aún función de concejal y que cosechó el acompañamiento de sus pares, lo cual valoró, será «una herramienta clave para hacerse de fondos que permitan aliviar la situación», dijo. El programa estará en vigencia del 10 al 30 de este mes y el municipio tendrá facultad para intimar a los contribuyentes que no tengan voluntad de pago.
«De 26 mil contribuyentes unos 22 mil no están al día con la tasa municipal, lo que representa 250 millones de pesos, a lo que habría que sumar otros 88 millones en patentes atrasadas», dijo Santacroce. Y en esa dirección pidió el «acompañamiento de los vecinos» e instó a tener «confianza en este nuevo proceso político donde nos esmeraremos para brindar eficientemente los servicios y lograr que la recaudación, que actualmente está en el orden del 39 por ciento, llegue e incluso supere los niveles históricos del 75 y 80 por ciento».
«Si logramos —añadió— cobrar un 20 por ciento de la deuda en tasa superaremos la coyuntura y después podremos arrancar con gestiones ante provincia y Nación para infraestructura ya que nuestra ciudad fue la que más creció en habitantes desde 2003 a la fecha, pero estamos sumamente estancados en obras».
Funes, ubicada en el departamento Rosario, viene acarreando desde hace tiempo conflictos por atrasos salariales que repercutieron en la falta de servicios públicos, especialmente en la recolección de residuos y desmalezamiento, lo que derivó en movilizaciones y reclamos de vecinos que desembocaron en la declaración de la emergencia sanitaria.
En tal sentido Santacroce dijo que para mejorar las prestaciones apuntará a reacondicionar las herramientas porque «no dejaron prácticamente nada en condiciones.»
«Es una situación dramática. En estas condiciones no hay posibilidad de prestar servicios de calidad, razón por la cual haremos todo lo posible por mejorar el parque automotor», insistió para luego asegurar que «en la historia de la ciudad de Funes ningún intendente tomó el municipio en esta situación tan deplorable», para finalmente remarcar que «hablaremos con los trabajadores para el pago de los salarios atrasados y en diciembre intentaremos pagar el sueldo y aguinaldo».
En tanto, el municipio de Casilda no es la excepción ya que el intendente radical del FPCy S, Juan José Sarasola, dejaría al gobierno justicialista que conducirá Golosetti un pasivo contable de 80 millones de pesos, incluyendo el porcentaje que corresponde de los salarios de este mes y aguinaldo. Pero ese monto casi se duplicaría si se suma una deuda de unos 70 millones de pesos que registra la empresa Sapem, que presta en esta ciudad cabecera de departamento Caseros los servicios de gas natural y recolección de residuos y cuyo paquete accionario mayoritario está en manos del Estado municipal. La semana pasada la distribuidora Litoral Gas le trabó un embargo sobre sus cuentas bancarias por unos 30 millones de pesos a causa de incumplimientos de pago.
«Se vienen días de esfuerzo, sudor y lágrimas», dijo el futuro mandatario casildense al ser consultado al respecto. Y en ese sentido dijo que apelará a «la vieja y efectiva receta, como se hace en la economía familiar, de reducir drásticamente erogaciones superfluas y dando a los vecinos una clara señal de austeridad en materia de gastos políticos». Asimismo dijo que la actual coyuntura impone «aumentar los ingresos, fundamentalmente pidiendo un esfuerzo a quienes están en mejores condiciones para hacerlo».
Y sobre las obligaciones salariales dijo tener «la sensación que no quedará otra alternativa que ir a buscar recursos a la provincia para que nos auxilie en esta difícil coyuntura».
Fuente: La Capital | Gustavo Orellano
