El diputado provincial Eduardo Toniolli, autor de uno de los proyectos de creación de un cuerpo de Policía Judicial que terminó convirtiéndose en Ley, salió nuevamente al cruce de declaraciones del oficialismo y ratificó el voto negativo de la oposición al veto del Poder Ejecutivo santafesino.
En ese marco, el legislador del Movimiento Evita abundó sobre la estrategia parlamentaria asumida por el peronismo luego de la decisión del Ejecutivo: “En caso de no alcanzar las dos terceras partes de los votos de cada cámara, necesarios para ratificar la redacción originaria de la Ley aprobada en noviembre del año pasado, sólo nos queda aprobar o rechazar el veto ‘propositivo’”, señaló Toniolli, y agregó: “Para el rechazo del veto necesitamos una mayoría simple que ya tenemos garantizada en ambas cámaras, o en su defecto alcanza con el no tratamiento del mensaje del Ejecutivo durante un mes”. “De esta manera nos quedaríamos también sin la Ley original”, agregó Toniolli, aunque amplió: “Preferimos reiniciar el tratamiento parlamentario antes que aceptar dos aberraciones: primero, la pretensión del Ejecutivo de legislar cambiando radicalmente el espíritu del proyecto, y en segundo lugar, una redacción final de la Ley que –de aceptarse el veto– no innovaría en lo más mínimo en las facultades que hoy ya tiene el Fiscal General de la provincia para crear un organismo de investigaciones por medio de actuaciones administrativas”.
“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que nos movilizó a presentar el proyecto original: garantizarle por Ley al Ministerio Público de la Acusación, el manejo integral de un cuerpo de investigadores que tuvieran total autonomía de la policía santafesina, y que -luego de un tiempo de transición- hiciera las veces de auxiliar exclusivo de los fiscales para la investigación de los delitos complejos”, aseveró Toniolli, y amplió: “Bonfatti pretende justificar el veto señalando dos argumentos: una supuesta superposición de la carrera de formación de investigadores que creamos, con la Escuela del Ministerio de la Acusación, y lo elevado del sueldo del director del nuevo cuerpo. Los dos argumentos son falaces: el artículo 29 de la Ley establecía explícitamente que la carrera nueva funcionaría dentro de la Escuela ya existente, y el establecimiento del sueldo del director por Ley fue una propuesta del bloque socialista, que aceptamos -entre otros cambio – en aras de que acompañaran con su voto la iniciativa».
Por último, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, afirmó que «tanto los ministros como el gobernador han evitado explicar el porqué del veto a los artículos 3, 47, 52, 54 y 55 entre otros, que recortaban potestades hoy delegadas de facto por la Justicia a la policía santafesina en la investigación de los delitos complejos, y garantizaban la fortaleza, la provisión de recursos, y -fundamentalmente- la conducción única del fiscal general sobre el nuevo organismo». Para terminar agregó que «los fuertes cuestionamientos a las fuerzas de seguridad en materia investigativa, que no sólo hemos sostenido desde la oposición, si no que también han enunciado funcionarios judiciales como el procurador Barraguirre, deberían empujar al gobernador a revisar un veto que en su momento denunciamos como expresión de un pacto con la corporación policial», y sentenció: «No perdamos otra oportunidad, este es el momento para llevar la reforma policial pendiente en Santa Fe, con las fuerzas federales en las calles rosarinas garantizando la transición, y el apoyo del Gobierno nacional y de gran parte de la oposición política local a decisiones que vayan en ese rumbo».
