(Venado Tuerto) El senador Lisandro Enrico vuelve a presentar su proyecto de ley para propiciar (facilitar, obligar, acotando el margen de libertad de los magistrados) a los jueces para que en determinadas circunstancias dejen de aplicar la prisión preventiva como una medida procesal de excepción (el instituto apunta a prevenir la posible fuga de alguien en el desarrollo de un proceso) y comiencen a aplicarla como adelanto de pena (o sea: antes de que una persona sea sentenciada, contrariando el principio constitucional de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario). Más allá de lo que uno pueda opinar, ninguno de los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia apoyó ese proyecto porque todos lo consideran inconstitucional. Ninguno: ni la diputada Bertero (PS), ni Tessio (UCR), ni Avelino Lagos (PJ), ni Bielsa (cuando estaba representando a su sector dentro del PJ), ni Toniolli (FpV-Evita), ni Mastrocola (PRO), ni Kalow (de 100%). Cuando se trató ninguno acompañó el proyecto por eso no tuvo despacho. Kalow no estuvo presente pero no hubo ningún voto a favor. Además el proyecto siempre estuvo disponible en el orden del día para que si alguno lo deseaba, lo impulsara, y nadie lo hizo. Cuando quienes deciden son legisladores (y no vecinas o vecinos a los que le acaban de arrebatar la cartera o de robar a mano armada en el negocio) la gente piensa un poco más las cosas.
