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Para ocuparse de 200 mil personas, el juzgado tiene solo seis empleados

La instalación del debate por la problemática de los menores y el delito en la ciudad provocó que surgieran datos que ponen en contexto la situación. De acuerdo a lo que afirma el juez de menores Javier Prado, hay alrededor de 5 o 6 chicos alojados Instituto Socioeducativo de Puertas Abiertas, y otros cuatro en el albergue de menores que está dentro de la órbita de la Policía. “Es una institución de puertas abiertas que no tiene el control policial de una cárcel. Sería bueno que se acerquen a ver ese edificio los políticos, porque siempre está al límite de funcionalidad”, apunta.

Prado explicó que en 2005 se modificó la ley y se intentó revertir el paradigma anterior vinculado a la institucionalización. El magistrado destacó que “nadie desea la institucionalización de un chico, ojalá no existieran los hogares”, pero subrayó que “muchas veces hay situaciones que hacen que este desarrollo habitual este imposibilitado por lo que se vive, termina siendo un infierno, y a veces no hay familia ampliada que pueda asistir a estos chicos”. Y subraya que debe quedar claro qué servicio deben prestar esas instituciones y que existan controles constantes del Estado y que la institucionalización sea por el menor tiempo posible.

“Llama la atención que muchos opinan sin saber y más aún cuando algunos de esos políticos son abogados”, afirma. Y completa ilustrando que para una población de alrededor de 200 mil personas, cuenta con una secretaria “multifunción” porque es penal y social, y dos trabajadores sociales que están en la Secretaria Social, más tres empleados más que son sumariantes. Es decir, que solo seis personas que lo acompañan para realizar su trabajo.

“Yo soy juez y tengo que aplicar la ley, más allá de lo que pueda pensar y por dónde pasan mis deseos personales”, comenta en diálogo con PUEBLO Regional en relación al auge de pedidos de endurecimiento de penas generados a partir de los últimos acontecimientos. Sobre las acusaciones de algunos legisladores apuntando a la responsabilidad exclusiva de la justicia, Prado explicó que “la cuestión de la seguridad se resuelve invirtiendo en educación, no solo en armas, policías y patrulleros”.

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